El Congreso de los Diputados ha rechazado la proposición de ley acordada entre Junts y el PSOE para transferir a Cataluña la competencia de inmigración. La propuesta fue tumbada con 177 votos en contra frente a 173 a favor, lo que supone un duro revés para los partidos proponentes. La derrota no solo frustra las ambiciones independentistas, sino que revela la inestabilidad crónica del Gobierno de coalición, un monstruo político cosido con retales de ideologías contradictorias que ahora hace aguas por todas partes.
La principal sorpresa de la votación ha sido el rechazo de Podemos, que se ha sumado a los votos del PP y Vox al considerar la ley «racista», rompiendo así el bloque de investidura del gobierno. Además, dos diputados de Sumar, Alberto Ibáñez de Compromís y Jorge Pueyo de la Chunta Aragonesista, votaron en contra, desobedeciendo la disciplina de voto de su coalición.
La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, criticó la situación afirmando que «la extrema izquierda y la extrema derecha (españolas) son igual de anticatalanas».
La propuesta incluía la delegación de la tramitación de permisos de residencia, la gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros y la seguridad en puertos y aeropuertos por parte de los Mossos d’Esquadra.
Votaron a favor de la ley el PSOE, Junts, la mayoría de Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria.
Esta votación es una victoria para la unidad de España, pero también un aviso: el Gobierno Frankenstein, sostenido por alianzas oportunistas, está al borde del colapso. ¿Cuánto más aguantará Sánchez vendiendo pedazos del Estado para sobrevivir? El debate está servido: la inmigración debe gestionarse con criterios nacionales, no regionales, para evitar fragmentaciones que debiliten nuestra soberanía. Este revés no solo frena un atropello constitucional, sino que invita a un debate nacional sobre el futuro de España: ¿un Estado unido o un rompecabezas de taifas? Se debe capitalizar esta fractura para defender la integridad territorial.
