El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se encuentra en una situación de máxima tensión. Varios vocales del órgano de gobierno de los jueces estudian seriamente trasladar a la comisión disciplinaria la actuación de la magistrada encargada de instruir el caso de la DANA. Esta decisión surge tras la publicación de unos audios por parte de OKDIARIO que han desatado un auténtico terremoto en el ámbito judicial.
Los audios que sacuden los cimientos
Los audios, publicados por OKDIARIO, demuestran que el marido de la juez, el magistrado Jorge Martínez Ribera, intervino en interrogatorios a víctimas pese a no tener vinculación con la causa. «Jorge Martínez Ribera no tiene nada que ver con esa causa y, sin embargo, les interrogó», señalaron los medios, citando los audios. Además, los registros indican que la juez recibía instrucciones directas de su esposo durante las sesiones, como se detalla en otro análisis de OKDIARIO: «Los audios también prueban que la juez de la DANA recibía órdenes de su marido en la sala: ‘Puede aportarlo'».
Fuentes del Consejo indican que los hechos son de una «gravedad extrema» y podrían constituir una causa de nulidad de todo el procedimiento judicial. Ante este escenario, el CGPJ podría actuar incluso «de oficio» para preservar la integridad de la investigación y la imagen de la justicia.
«Los audios prueban que el marido de la juez de la DANA interrogó a las víctimas: ‘¿Recuerda cuándo le avisan de que Paiporta se estaba inundando?'», detalla la información de OKDIARIO.
La izquierda judicial en acción
Esta juez parece más activista que imparcial, avanzando contra Mazón en medio del escándalo. Mientras PSOE y sus aliados internacionales promueven narrativas victimistas, Vox defiende una Justicia limpia, sin interferencias familiares ni sesgos ideológicos. Contrastemos con informes de OKDIARIO, que exponen cómo la magistrada «quema las naves» al elevar la causa contra Mazón justo tras los audios. ¿Coincidencia o maniobra desesperada?
El impacto de estas revelaciones no solo afecta a la carrera profesional de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, sino que pone en riesgo meses de trabajo instructivo sobre la tragedia de la DANA. De confirmarse las irregularidades, la consecuencia más inmediata sería el apartamiento de la juez de la instrucción para que pueda afrontar su propia investigación disciplinaria o incluso judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
Desde el entorno judicial se advierte que no estamos ante una mera irregularidad formal, sino ante una vulneración de las normas elementales que garantizan un proceso justo. La posibilidad de que toda la instrucción «salte por los aires» genera una profunda preocupación por el daño que esto supondría para las víctimas, quienes verían retrasada o invalidada su búsqueda de justicia debido a comportamientos calificados por expertos como «contrarios a Derecho».
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