En un acto de barbarie que sacude los cimientos de nuestra sociedad, un inmigrante argelino ha degollado a su exmujer española y a su hija de solo 12 años en Xilxes, Castellón, revelando no solo los fallos garrafales en el sistema de protección VioGén, sino también el silencio ensordecedor de figuras como Irene Montero, quien prefiere priorizar causas ideológicas antes que las víctimas reales. Este crimen no es un caso aislado de «violencia machista», como la izquierda insiste en etiquetar todo acto de agresión contra mujeres para inflar sus estadísticas y justificar presupuestos millonarios; es, ante todo, un ejemplo flagrante de violencia inmigrante, resultado de políticas laxas que permiten la entrada descontrolada de individuos con antecedentes y sin integración real.
Los hechos del crimen
Los hechos son escalofriantes: María José Bou Valenzuela, de 47 años, y su hija Noemí, de 12, ambas sordas y españolas, fueron halladas degolladas en su hogar el pasado martes. El perpetrador, Abdelkader B., un argelino de 38 años con orden de alejamiento hasta 2027 por malos tratos previos, incumplía reiteradamente la medida de protección. Fuentes de la investigación confirman que las víctimas estaban inscritas en el sistema VioGén con un riesgo calificado como «medio», pero esto no impidió la tragedia. El sospechoso, detenido por la Guardia Civil, intentó una coartada ridícula alegando haber recibido una foto de los cadáveres vía WhatsApp, pero las pruebas lo desmontaron rápidamente. Familiares aseguran que María José «vivía atemorizada» por su exmarido, quien la seguía a todas partes y había sido preso por quebrantar el alejamiento.
Fallos en el sistema de protección VioGén
El sistema VioGén, diseñado para proteger a las víctimas de violencia de género, ha demostrado una vez más su ineficacia. A pesar de la orden de alejamiento en vigor, Abdelkader B. quebrantaba la medida en otros lugares para evitar detección, dado que el domicilio familiar estaba cerca de un retén policial. «La tenía controlada, seguía sus pasos y dónde iba o no iba», explica una testigo en el artículo de HOY, recordando un episodio en una clínica dental donde el agresor se presentó inesperadamente. Este caso expone cómo las políticas actuales fallan en monitorear a reincidentes, especialmente aquellos con antecedentes de malos tratos que incluyen palizas graves. La izquierda, responsable de estos sistemas, prefiere inflar presupuestos en ideología en lugar de reforzar la aplicación real de la ley.
Otro ejemplo de violencia inmigrante: el asesinato en Madrid
Apenas ayer, otro caso ha conmocionado a la capital: una mujer de 37 años, de nacionalidad paraguaya, fue estrangulada en su domicilio en la calle López de Hoyos, Madrid, por su expareja, un hombre paraguayo de 34 años identificado como Christian. El agresor se entregó a la Policía Nacional alrededor de las 15:00 horas, confesando el crimen y guiando a los agentes hasta el cuerpo de la víctima, Petronila B. F., quien presentaba evidentes signos de estrangulamiento y llevaba varias horas fallecida. «El hombre, de 34 años, se ha entregado cuando se ha topado con un coche de policía. Ha confesado que había matado a su expareja y ha conducido a los agentes hasta su casa», explica el reporte de ABC Digital. Fuentes policiales confirman que existía una orden de alejamiento en vigor desde hace aproximadamente un año por malos tratos, aunque ambos continuaban conviviendo. La víctima deja dos hijos: una niña de dos años y medio, ahora al cuidado de una tía, y un joven de 19 años. Este asesinato, clasificado inicialmente como violencia de género, subraya una vez más cómo los fallos en el monitoreo permiten que reincidentes actúen con impunidad, exacerbados por políticas migratorias que no filtran adecuadamente a individuos con historiales violentos. El Grupo VI de Homicidios investiga el caso, destacando patrones de violencia importada que afectan directamente la seguridad en España.
El silencio de Irene Montero
Pero, ¿Dónde está la indignación de la izquierda feminista? Irene Montero, exministra de Igualdad y autoproclamada defensora de las mujeres, no ha emitido ni un solo comentario sobre este doble homicidio. En cambio, ese mismo día, se dedicó a otras causas ajenas a esta tragedia nacional. «Tras conocerse el doble asesinato de víctimas de Castellón, acogidas al sistema de VioGén, Montero preocupada por una activista trans», denuncia La Bandera en su cobertura. Este silencio no es nuevo; en casos pasados, como el asesinato de una niña en Gijón por su madre, Montero tardó en pronunciarse, y cuando lo hizo, fue con menor rotundidad. Una diputada de Vox criticó este patrón: «Si una víctima no tiene el asesino adecuado, la ignoran. Les importa solo si conviene a su causa». ¿Acaso las víctimas de Castellón no merecen la misma atención porque el asesino no encaja en el perfil de «machista español» que tanto les conviene?
¿Violencia machista o violencia inmigrante?
Aquí radica el debate esencial: la izquierda utiliza la «violencia machista» como arma política, pero cuando el perpetrador es un inmigrante, el relato se desmorona. Este crimen obliga a confrontar realidades incómodas: ¿es solo machismo o hay un componente cultural y migratorio? Políticas de inmigración descontrolada han permitido que individuos con antecedentes permanezcan en el país, incrementando riesgos para mujeres españolas. El enfoque en «machista» ignora estos patrones, priorizando una narrativa ideológica sobre la seguridad real.
Este crimen obliga a confrontar ideas: ¿Seguiremos subsidiando un feminismo selectivo que ignora la violencia importada mientras ataca instituciones esenciales? La respuesta debe ser un rotundo no. Es hora de priorizar la seguridad de los españoles sobre agendas globalistas, endureciendo controles migratorios y deportaciones inmediatas para reincidentes.
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