¡Increíble pero cierto! El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha perpetrado un nuevo atropello a la independencia judicial al proponer a Teresa Peramato como Fiscal General del Estado, una figura que, lejos de representar la neutralidad, encarna el extremismo feminista radical que ha convertido la Justicia en un instrumento ideológico. Esta nominación no es un mero trámite: es un golpe maestro para controlar los tribunales desde la perspectiva de género obligatoria, reviviendo traumas como el caso de «La Manada» para justificar leyes caóticas que liberan delincuentes y persiguen disidentes. Analicemos este despropósito con fuentes que desenmascaran la verdad.
Peramato, con 35 años en la Fiscalía pero marcada por su activismo, no es una jurista imparcial: es la encarnación del sesgo ideológico que ha infectado instituciones clave. Como Fiscal de Sala Delegada contra la Violencia sobre la Mujer (2021-2025), ha sido una defensora acérrima de reformas controvertidas que priorizan la narrativa victimista sobre los hechos probados. Críticos la tildan de «feminazi» por su insistencia en imponer el «punto de vista del género» en todos los delitos sexuales, ignorando la presunción de inocencia y convirtiendo los juzgados en tribunales ideológicos.
Su vínculo con el caso de «La Manada» –aquella agresión en Pamplona de 2016 que dividió a España– no es casual: es institucional y calculado para impulsar una agenda radical. Aunque no participó directamente en la acusación inicial, Peramato criticó la sentencia que condenó por abuso sexual en lugar de violación, argumentando que la Justicia no debe recaer solo en el Código Penal, pero exigiendo perspectiva de género como dogma. «No todo en Penal», dijo veladamente, mientras movilizaba el lobby feminista para cambiar la ley a su antojo. El resultado: la desastrosa Ley del «Solo Sí es Sí», que ella defendió públicamente como «integral y protectora», pero que provocó rebajas masivas de penas para violadores, incluyendo a un miembro de «La Manada». Peramato recurrió furiosamente contra esa reducción, oponiéndose a «cálculos aritméticos» que ignoren el «contexto», es decir, su interpretación ideológica por encima de la ley. Además, reclama que las víctimas no declaren en juicios para evitar «revictimización», un eufemismo que anula derechos de los acusados y que explotó el calvario mediático de la víctima en aquel caso.
El debate es claro: ¿puede una fiscal con tal bagaje ideológico garantizar equidad? Medios conservadores como ABC y El Confidencial cuestionan su neutralidad, señalando que su trayectoria en violencia de género la convierte en una «fiscal feminista» que prioriza la lucha contra «interpretaciones regresivas» de las leyes de igualdad. Pero esto no es progresismo: es radicalismo que socava la Justicia. El PP y Vox ya lo advierten: con Peramato al mando, el Ministerio Fiscal se convertirá en un filtro de género que anula pruebas si no encajan en el relato woke.
Incluso en el ámbito de los delitos de odio, Peramato y su entorno han sido acusados de persecución selectiva, multando a quienes critican la inmigración ilegal mientras protegen narrativas progresistas. Esto no es Justicia: es autoritarismo disfrazado de igualdad.
Esta nominación es un atentado contra la democracia judicial. Mientras el Gobierno la presenta como «experta con reconocimiento unánime», la realidad es que su activismo radical amenaza con convertir la Fiscalía en un aparato represivo al servicio del progresismo. Es hora de debatir: ¿aceptaremos una Justicia sesgada o exigiremos neutralidad? Esto es una llamada urgente a defender los pilares de nuestra democracia. Necesitamos una Justicia imparcial, libre de sesgos ideológicos radicales y al servicio de la verdad, no de agendas woke que priorizan el género por encima de la ley.
