La Comisión Europea ha expresado su preocupación ante el proceso de regularización extraordinaria que el Gobierno español pretende poner en marcha en abril de 2026 y que podría afectar a entre 500.000 y 800.000 inmigrantes. El comisario de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, fue contundente: “Un permiso de residencia no otorga autorización para establecerse en cualquier lugar de la UE, sino únicamente para vivir y trabajar en el Estado miembro que lo expidió”.
Brunner añadió que “si una persona titular de un permiso de residencia nacional es encontrada en situación irregular en otro país de la UE, esa persona debe regresar a España”. Y remató con una frase lapidaria: “El permiso de residencia no es un cheque en blanco”.
Esta posición surge tras la presión del PP, que logró incluir en las conclusiones del PPE la advertencia de que “la legalización masiva de inmigrantes ilegales debilita gravemente nuestra política migratoria”. Mientras Sánchez acelera la concesión de papeles, Europa deja claro que esos documentos no abren las puertas del continente. El ‘récord’ poblacional por inmigración masiva
La Eurocámara aprueba el Reglamento de Retornos: un paso hacia la remigración
El 26 de marzo de 2026, el Parlamento Europeo aprobó el Reglamento de Retornos con 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones. La norma permite crear centros de retorno en terceros países para agilizar las deportaciones de quienes no tienen derecho a permanecer en la UE, siempre con acuerdos previos y respetando el principio de no devolución.
El eurodiputado de VOX, Jorge Buxadé, celebró el resultado: “La Eurocámara ha aprobado hoy uno de los textos más contundentes de la historia de la Unión Europea en materia de inmigración. Todo ello gracias al liderazgo de VOX”. Buxadé lo definió como “un exitoso primer paso para la reemigración tan reclamada por VOX”.
La izquierda europea, por su parte, reaccionó con indignación. La vicepresidenta de los Socialistas y Demócratas, Ana Catarina Mendes, acusó al PPE de “romper el cordón sanitario” y alinearse con «la extrema derecha». Los Verdes hablaron de “traición a los valores fundamentales”.
Este endurecimiento contrasta frontalmente con la política de puertas abiertas del Gobierno Sánchez, que se opone a los centros de deportación externos mientras acelera regularizaciones masivas. El colapso consular: una regularización encubierta que cuadruplica las cifras
Una política migratoria en quiebra: entre la regularización y el retorno forzoso
El contraste es evidente. Mientras el Ejecutivo socialista prepara una amnistía migratoria que podría beneficiar a cientos de miles de personas, Europa refuerza los mecanismos de control y devolución. La Comisión advierte que las decisiones nacionales no pueden perjudicar al resto de Estados miembros, y el Reglamento de Retornos obliga a todos los países —incluida España— a cumplir normas más estrictas.
“La migración es un reto compartido”, recordó Brunner, pero “cada Estado miembro debe garantizar que sus decisiones no tienen consecuencias negativas en otras partes de la Unión”. El mensaje es claro: España no puede seguir actuando como puerta de entrada sin asumir las consecuencias.
Esta situación pone de manifiesto el divorcio entre la agenda globalista del PSOE y la realidad que impone una Europa cada vez más consciente de los límites de la migración descontrolada. El PP, aunque critica las regularizaciones, forma parte de la alianza que ha impulsado el nuevo reglamento junto a las fuerzas de derecha. VOX, sin embargo, ha sido clave para endurecer el texto y avanzar hacia la remigración real.
La izquierda europea sigue defendiendo un modelo fallido que prioriza la “dignidad humana” sobre la seguridad de los ciudadanos. Mientras tanto, los españoles pagan las consecuencias de una política que regulariza hoy para deportar mañana.
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