El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha aprobado la resolución S/2025/2797 sobre el Sáhara Occidental, prorrogando el mandato de la MINURSO hasta octubre de 2026. Pero no nos engañemos: esta resolución no es la victoria aplastante que Marruecos y sus aliados pretenden vender. Lejos de avalar de forma incondicional el plan de autonomía marroquí, el texto mantiene un equilibrio precario que deja abierta la puerta al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, exponiendo una vez más la falta de liderazgo de España en un conflicto donde nuestra nación tiene responsabilidades históricas ineludibles. Esto no solo debilita nuestra posición internacional, sino que perjudica directamente a los agricultores españoles al facilitar acuerdos comerciales injustos con Marruecos.
El relato triunfalista promovido por Rabat, que celebra la resolución como un reconocimiento implícito de la soberanía marroquí sobre el Sáhara, choca frontalmente con una lectura rigurosa del documento. El Consejo de Seguridad no cierra la puerta a otras propuestas, sino que la abre de par en par. En el preámbulo, se reafirma el compromiso con una «solución política justa, duradera y mutuamente aceptable basada en el acuerdo conforme a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, incluido el principio de la libre determinación». Esto inclina la balanza hacia las demandas del Frente Polisario, que insisten en un referéndum. Sin embargo, el párrafo siguiente toma nota del «apoyo expresado por numerosos Estados miembros a la propuesta marroquí de autonomía», afirmando que «una autonomía genuina bajo soberanía marroquí podría constituir la solución más viable». Aquí radica el engaño: «podría» no es certeza, sino mera posibilidad, y el texto acoge «cualquier propuesta constructiva de ambas partes», eliminando la exclusividad marroquí y abriendo espacio a iniciativas como la propuesta ampliada del Polisario del 20 de octubre de 2025.
Esta ambigüedad no es casual; refleja las intensas negociaciones que modificaron tres veces el borrador inicial, diluyendo el peso jurídico de la autonomía marroquí. España, como antigua potencia colonial, debería haber liderado una posición firme en defensa de sus intereses, pero el Gobierno de Sánchez opta por la pasividad, renunciando a cualquier rol activo. En lugar de exigir garantías para el control del espacio aéreo saharaui –que Vox ha reivindicado insistentemente–, se limita a observar cómo potencias como Estados Unidos, China y Rusia imponen su agenda. Vox denuncia la decisión personal, unilateral y arbitraria de Sánchez con respecto al Sáhara Occidental y reivindica que España mantenga el control del espacio aéreo sobre el territorio. Esta postura se mantiene vigente, especialmente ahora que la resolución insta a negociaciones «sin condiciones previas», pero sin cerrar el debate sobre la autodeterminación.
El debate de ideas es claro: mientras Marruecos avanza con una diplomacia agresiva, respaldada por más de 120 países, España retrocede. ¿Por qué no exigimos reciprocidad en temas como la inmigración ilegal o la seguridad en Ceuta y Melilla? Vox propone suspender el Acuerdo Agrícola con Marruecos y rechazar cualquier inclusión de cultivos saharauis, como parte de nuestra ofensiva nacional en defensa del campo español. Esta resolución de la ONU, en lugar de ser un «momento histórico» como proclama Mohamed VI, es un recordatorio de que el conflicto persiste porque potencias como Argelia y el Polisario no cederán sin un referéndum. España debe recuperar su voz, no renunciar a ella por afear al vecino.
