En un movimiento que huele a maniobra distractora, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha convertido un incidente rutinario de interferencia GPS en su vuelo a Lituania en el centro de la narrativa, evitando así profundizar en las demandas de su homóloga lituana para que los cazas españoles Eurofighter pasen a una fase más agresiva contra las incursiones rusas. Mientras el Gobierno socialista presume de «compromiso inquebrantable» con la OTAN, la realidad es que Robles imita el episodio de Ursula von der Leyen en agosto, donde un jamming similar sobre Bulgaria fue atribuido a Rusia sin consecuencias reales. ¿Es esto una verdadera amenaza o un pretexto para no admitir que España podría verse arrastrada a un conflicto mayor en el flanco este? Fuentes independientes confirman que estas interferencias son «normales» en la zona desde 2022, lo que cuestiona la sinceridad de Robles al destacar el suceso.
Recordemos los hechos: durante su visita oficial el 24 de septiembre de 2025 a la base de Šiauliai, Robles se reunió con Dovilė Šakalienė, quien le pidió explícitamente que los cazas españoles desplegados en la Policía Aérea del Báltico pudieran «derribar drones rusos» ante las violaciones constantes del espacio aéreo. Según informes, Šakalienė insistió en una «mayor acción» de los Eurofighter, incluso contra aviones rusos, pero Robles se limitó a abogar por la «vía diplomática» para evitar escaladas. En declaraciones a El País, Robles reiteró: «Nuestro compromiso con la OTAN es inquebrantable, pero hay que priorizar la diplomacia». Sin embargo, críticos ven en esto una debilidad: ¿por qué no admitir que Lituania presiona por un rol más combativo de España, potencialmente enviando más recursos o autorizando derribos? El Parlamento lituano aprobó recientemente una reforma para agilizar derribos de drones, lo que pone en evidencia la urgencia báltica.
El incidente del GPS, ocurrido cerca de Kaliningrado –un enclave ruso estratégico–, no es novedad. Como detalla un análisis exhaustivo, estas interferencias (jamming o spoofing) se han multiplicado desde la invasión de Ucrania en 2022, con miles de casos reportados anualmente en la región báltica, atribuidos a sistemas rusos como el Tobol. Polonia registró 2.732 incidentes solo en enero de 2025, y Lituania 1.185, según datos de EASA. Pilotos y expertos lo describen como «habitual», sin riesgo real para aviones militares equipados con backups inerciales. Robles lo presenta como un «intento de perturbar», pero ¿no es esto un eco del jamming en el vuelo de Von der Leyen sobre Bulgaria en agosto de 2025, también sospechoso de origen ruso pero minimizado por Bulgaria como sin evidencia de ataque dirigido?. Von der Leyen lo usó para criticar a Moscú, pero sin escalada; Robles parece hacer lo mismo para eclipsar las peticiones lituanas.
En redes, el debate arde: usuarios como @Political_Room destacan el incidente como «interferencia rusa cerca de Kaliningrado», mientras @visegrad24 lo califica de «ataque de guerra electrónica rusa». Pero otros, como @electo_mania, lo ven como un «presunto ciberataque» exagerado. Esto abre el debate: ¿está el Gobierno de Sánchez mintiendo por omisión al enfocarse en el GPS para no revelar que España podría comprometerse más en derribos, exponiendo a nuestros militares a riesgos mayores? Fuentes como El Mundo señalan que Lituania quiere pasar de «policía aérea» a «defensa aérea» con derribos. Robles rechazó, pero ¿hasta cuándo? La OTAN presiona, y España, con su Armada mermada, no debería jugar a la ruleta rusa por aliados bálticos.
Contrapuntos no faltan: la UE ha sancionado empresas rusas por estos jamming, y la OTAN trabaja en contramedidas. Pero en un contexto donde Rusia niega todo y lo atribuye a defensas contra drones ucranianos, ¿no es hora de que Robles sea transparente sobre si enviará más cazas o autorizará acciones letales, en lugar de usar un incidente rutinario como escudo? Esto no es liderazgo; es evasión.
