La estrategia diseñada por el Palacio de la Moncloa para salvar sus medidas estrella se encuentra en una situación crítica. Tras recortar la suspensión de los desahucios para intentar atraer a PNV y Junts, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no solo ha recibido un nuevo «no» de Junts per Catalunya, sino que ha provocado un profundo malestar en sus socios de izquierda, especialmente en Podemos.
El movimiento del Gobierno consistía en excluir a los pequeños propietarios (aquellos con hasta dos viviendas) de la prohibición de desahuciar a familias vulnerables. Con esta concesión, el PSOE buscaba el apoyo del PNV —con quien ya tiene un acuerdo— y, sobre todo, la abstención o el voto afirmativo de Junts. Sin embargo, la formación liderada por Carles Puigdemont ha calificado la medida de «injusta» y ha confirmado que votará en contra al considerar que el decreto no soluciona el problema de fondo y perjudica a los vecinos y propietarios.
La portavoz Míriam Nogueras lo dejó claro: «El Gobierno ha llevado a un nuevo decreto el tema de las okupaciones y, a falta de leer la letra pequeña, desde Junts podemos decir que votaremos en contra de prorrogar una medida que no solo no es la solución al problema, sino que es injusta». Este «portazo» no es casual; refleja cómo Sánchez ha hipotecado la estabilidad nacional a caprichos independentistas, sin lograr ni un ápice de lealtad.
Tensión con los socios
La decisión de rebajar la protección social ha abierto una brecha con Podemos. La formación morada ha advertido de que no aceptará «más ayudas a caseros» y sitúa la suspensión de los desahucios como una línea roja infranqueable.
«Bajo ningún concepto vamos a aceptar más ayudas a caseros», ha asegurado Irene Montero.
Un escenario de bloqueo
La aritmética parlamentaria deja al Gobierno en una posición de extrema debilidad. Si se confirma el voto en contra de Junts, sumado al bloque de PP, Vox y UPN, el decreto podría decaer en el Congreso. Un empate a 175 votos invalidaría el nuevo escudo social, dejando en el aire medidas tan sensibles como la subida de las pensiones, que el Gobierno estudia ahora «trocear» en diferentes decretos para intentar salvarlas por separado.
