El escándalo entre Revuelta –la asociación juvenil vinculada a Vox– y la dirección del partido ha escalado con acusaciones cruzadas, filtraciones de audios y denuncias ante la Fiscalía. ¿Se trata de un intento de control partidista o de un caso de irregularidades financieras? Este conflicto, que estalló por fondos recaudados para las víctimas de la DANA en Valencia
La versión de Revuelta: acusaciones de presiones y control
Los dirigentes de Revuelta, como Pablo y Jaime Hernández, han defendido su gestión y acusado a la cúpula de Vox de orquestar una campaña para tomar el control de la asociación. Según su narrativa, todo comenzó con denuncias internas que, en realidad, responden a un plan del partido para integrarlos en Solidaridad, su sindicato afín. «Nos estuvieron presionando para meternos en Solidaridad y, al no poder controlarnos, optaron por denunciarnos», declararon en un comunicado, alegando que fueron llevados a una cena en Casamata donde se ejerció esta presión.
Revuelta niega cualquier desvío de fondos y enfatiza su compromiso con la transparencia. En una declaración reciente, la organización afirmó: «Revuelta ha negado mala gestión de fondos y desvío de dinero recaudado tras la dana y ha acusado a Vox de estar impulsando las denuncias». Para respaldar su inocencia, han encargado una auditoría a Deloitte, prometiendo hacerla pública y demostrar que los fondos se destinaron correctamente.
La versión de Vox: denuncias por irregularidades y desvinculación
Por su parte, Vox alega que actuó al descubrir presuntas irregularidades en las cuentas de Revuelta. La dirección del partido asegura que, al recibir información de afiliados, optó por denunciar ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante para garantizar una investigación imparcial. «Vox conocía las presuntas irregularidades contables de la asociación juvenil Revuelta y trazó un plan para evitar que el escándalo salpicara al partido», según audios filtrados publicados por El Mundo.
El partido ha intentado desligarse rápidamente, presentando una denuncia por desvío de fondos. Un portavoz de Vox afirmó que «el partido ha actuado desde que ha tenido información por parte de afiliados de presuntas irregularidades». Audios adicionales revelan implicaciones internas: «Los audios de una reunión entre la secretaria general adjunta del partido, Montserrat Lluis, y el secretario general de su organización» indican que Vox buscaba «adelantarse» al escándalo. Vox rechaza las acusaciones de control, argumentando que su intervención fue necesaria para proteger la reputación del movimiento.
La auditoría de Deloitte
En el centro del debate está la auditoría encargada por Revuelta a Deloitte, una firma de renombre cuyo costo genera interrogantes sobre su financiación. Revuelta asegura que demostrará la correcta gestión de los fondos, pero por otro lado, Vox prefiere investigaciones independientes, como la solicitada al Tribunal de Cuentas.
Dimisiones en masa, como la del vicepresidente Arturo Villa, quien denunció pagos irregulares y viajes no relacionados, añaden complejidad.
Debate abierto: Transparencia versus control
Este conflicto plantea un dilema clave: ¿prioriza Vox la limpieza interna o busca centralizar el poder? Revuelta argumenta victimización por independencia, mientras Vox defiende su acción como defensa contra la corrupción. Solo investigaciones exhaustivas resolverán estas tensiones.
