El último desprecio del Gobierno: mujeres maltratadas en peligro
Un juzgado de lo Penal de Valladolid ha absuelto a un condenado por violencia de género que incumplió una orden de alejamiento. La razón principal: las alertas generadas por su pulsera telemática no fueron consideradas pruebas fiables. El juez descartó varias notificaciones del dispositivo por “enormes dudas” sobre su correcto funcionamiento, precisamente en el periodo de transición entre empresas prestadoras del servicio.
La ineficacia técnica que beneficia a los agresores
El caso ilustra un problema estructural en el Sistema Cometa, gestionado por el Ministerio de Igualdad. Durante el cambio de adjudicatario —de Telefónica a la UTE formada por Vodafone y Securitas—, se produjeron fallos en la migración de datos que afectaron la fiabilidad de los registros. El magistrado destacó que estas incidencias generaban tal incertidumbre que impedían sostener la acusación de quebrantamiento con las garantías exigidas por la ley.
“Enormes dudas sobre la fiabilidad del sistema”, señaló el juez, al valorar las alertas recibidas. Esta decisión no es aislada. Otras sentencias en distintas provincias han absuelto a agresores por los mismos motivos, tal y como ha documentado la Fiscalía General del Estado en su Memoria de 2024 y han recogido medios como El Debate.
El Gobierno de Pedro Sánchez minimizó inicialmente estos fallos como “incidencias técnicas puntuales”. Sin embargo, la realidad judicial demuestra que la supuesta herramienta de protección a las víctimas ha servido, en la práctica, para generar impunidad. Montero quema 50 Millones en pulseras defectuosas para tapar el desastre de su ley ‘Solo sí es sí’ | Última Hora y Noticias de España | Nuestra España
El fracaso de una política ideológica que prioriza el relato sobre la seguridad
Este tipo de absoluciones ponen en evidencia el fracaso rotundo de la gestión socialista y de izquierdas en materia de violencia intrafamiliar. En lugar de reforzar mecanismos efectivos y neutrales, el Ejecutivo ha invertido millones en un sistema defectuoso mientras mantiene una narrativa que ignora las carencias técnicas y las consecuencias para las mujeres realmente amenazadas.
La izquierda y sus aliados han convertido la violencia de género en un negocio ideológico, con leyes que a menudo vulneran la presunción de inocencia y recursos mal gestionados. Mientras, agresores se benefician de errores administrativos. Es urgente un debate sincero: ¿sirven realmente estas políticas para proteger a las víctimas o solo para alimentar un discurso partidista?
“Ningún agresor quedaría impune”, aseguró la ministra Ana Redondo. Los hechos demuestran lo contrario en varios juzgados.
En un Estado de derecho serio, la protección efectiva de las personas no puede depender de dispositivos que fallan en el momento crítico. La impunidad generada por estos errores técnicos erosiona la confianza en la justicia y deja desprotegidas a quienes más lo necesitan.
