Un atestado de la Guardia Civil ha puesto bajo el foco a dos figuras cercanas al entorno de la izquierda mediática: un colaborador habitual de Canal Red, la televisión de Pablo Iglesias, y el secretario general de Facua, Rubén Sánchez. Según el informe policial, ambos forman parte de una dinámica de difusión de datos personales que se inicia en canales de Telegram y X, y se amplifica después a través de publicaciones y medios afines. La investigación, que supera las 600 páginas y se tramita en el Juzgado de Instrucción número 6 de Tarragona, analiza posibles delitos de revelación de secretos, amenazas y odio por motivos ideológicos.
La trama de doxxing ideológico
“La Guardia Civil documenta un patrón claro: primero se filtran datos privados en grupos cerrados y luego se visibilizan públicamente para generar acoso.”
La denuncia que originó la investigación la presentó en abril de 2025 un músico vallisoletano de derechas, cuyo domicilio, teléfono y matrícula del vehículo aparecieron publicados sin consentimiento en julio de 2024. Los agentes identifican tres presuntos autores materiales de la obtención inicial de datos: un usuario de Tarragona, otro detenido en Málaga y un funcionario de prisiones arrestado en Asturias con antecedentes disciplinarios.
El informe destaca que Román Cuesta (Isidoro Román Cuesta), colaborador de Canal Red, aparece vinculado a textos que desvelan identidades y datos de usuarios anónimos por su orientación ideológica. En un ejemplo concreto de abril de 2025, se revelaron nombre completo, residencia y empleo de un usuario de X.
Sr. Liberal interpuso una querella criminal el pasado 10 de abril de 2025 por la posible comisión de delitos de revelación de secretos, acoso digital, incitación al odio y asociación ilícita informal para la ejecución de dichos fines.
Rubén Sánchez y los indicios policiales
El atestado incorpora a Rubén Sánchez tras el análisis de un teléfono intervenido a un funcionario de prisiones detenido en 2025. En los mensajes y correos intercambiados se compartían archivos e informaciones para identificar perfiles anónimos, como el caso de “Capitán Bitcoin”.
La Guardia Civil indica que, aunque no hay pruebas concluyentes que lo relacionen directamente con los hechos denunciados, los indicios son suficientes para incluirlo en el procedimiento. Apuntan además a Isidoro Román y al funcionario penitenciario como posibles autores intelectuales. Los hechos se enmarcan en el delito de odio ampliado por jurisprudencia del Tribunal Supremo a la discriminación ideológica.
Rubén Sánchez ha negado cualquier conducta ilícita, defendiendo que su labor es “periodismo de investigación” basado en información pública y que consulta asesoramiento legal antes de publicar. Afirma haber sido denunciado en múltiples ocasiones por la “extrema derecha” sin recibir condenas.
Una izquierda que señala y silencia
Este caso vuelve a evidenciar el doble rasero de cierta izquierda que denuncia el “discurso de odio” mientras practica presuntamente el doxxing sistemático contra quienes no comparten su ideología. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez y sus aliados mediáticos exigen censura contra opiniones disidentes, sus entornos cercanos operan supuestamente con total impunidad filtrando datos privados para exponer y acosar a ciudadanos de derechas.
Es el mismo patrón que hemos visto con la persecución judicial y mediática a voces críticas: primero se deshumaniza, luego se filtra la vida privada y finalmente se reclama protección del Estado para los acosadores. El PP y el PSOE han mirado hacia otro lado ante estas prácticas porque, en el fondo, comparten el objetivo de silenciar a la disidencia patriótica que representa VOX.
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