En un panorama judicial y político que apesta a incompetencia y oportunismo, la tragedia de la DANA de octubre de 2024 sigue revelando lo peor de nuestras instituciones. La juez Nuria Ruiz Tobarra pide imputar al ex presidente Carlos Mazón por «inactividad negligente», pero esta maniobra no oculta las graves irregularidades en su propia instrucción, ni exime al Gobierno de Pedro Sánchez de su pasividad criminal. Todos son culpables: Mazón por su desastrosa gestión autonómica, Sánchez por su inacción central, y la juez junto a su marido por un proceso viciado que huele a nepotismo y sesgo. ¿Es esto justicia o un lavado de manos colectivo que deja a las víctimas en el barro?
La solicitud de imputación a Mazón
La magistrada Ruiz Tobarra eleva una exposición razonada de 109 folios al TSJCV, acusando a Mazón de «grosera negligencia» al minimizar la emergencia y disfrutar de una «sobremesa interminable» mientras la población sufría un «auténtico infierno», según su auto. Esta inactividad es indefendible, con indicios de que Mazón ignoró alertas tempranas y retrasó la activación del CECOPI, contribuyendo directamente a las 230 muertes, como detalla El País en su cobertura de la «grosera negligencia»
Pero esta persecución selectiva ignora el elefante en la habitación: la negligencia del Gobierno central. Fuentes como OKDiario exponen cómo Sánchez optó por la «inacción deliberada», retrasando ayuda durante días para culpar a Mazón y ganar puntos políticos. El Imparcial resalta que Sánchez agotará su legislatura «sin sufrir la menor crítica, a pesar de su total inacción ante la dana». ¿Por qué Mazón es el único en el punto de mira? El debate es claro: mientras Vozpópuli habla de «grosera negligencia con un grave resultado mortal de 230 fallecidos» atribuida a Mazón, Podemos acusa a Sánchez de «responsabilidad por inacción». Un fallo sistémico donde nadie asume culpas reales.
Querella de víctimas contra la Juez
Víctimas de la DANA han interpuesto una querella contra Ruiz Tobarra y su marido, solicitando la nulidad de la instrucción por su intervención indebida. Acusan delitos como coacciones, revelación de secretos y prevaricación, argumentando interrogatorios en solitario y filtraciones sesgadas. «¿Cómo que en sala un juez es sustituido por su cónyuge? Si esto no es causa de nulidad, no sé lo que es», declara el abogado Rubén Gisbert.
Las víctimas acusan filtraciones tendenciosas y una instrucción «sesgada y arbitraria» que evita investigar al Gobierno central, sugiriendo «una dirección política». Este nepotismo judicial es un escándalo, agravado por quejas al CGPJ por falta de imparcialidad, como denuncia la exconsejera de Mazón.
Pero la crítica no para ahí: el Gobierno de Sánchez también merece ser investigado. The Objective revela cómo la comisión parlamentaria veta a familias críticas con Sánchez, cerrando la puerta a denuncias de «inacción del Ejecutivo». ¿Es esta querella un ataque o la prueba de un sistema judicial politizado? la justicia de ahora, parece servir a agendas en vez de a la verdad.
Este caso revela un potencial conflicto de interés flagrante. Publicaciones como Levante-EMV señalan que la querella coincide con la imputación a Mazón, sugiriendo una «quemada de naves». The Objective resalta la omisión de responsabilidades estatales.
Mientras se aplaude la imputación como avance, voces conservadoras exigen recusación por sesgo ante el CGPJ. ¿Es esto justicia imparcial o un circo que deshonra a las víctimas? La solicitud de nulidad pone en jaque la credibilidad del proceso.
Intervención del marido de la juez, ¿Usurpación de funciones?
Nuevas revelaciones agravan el escándalo: Audios y WhatsApp divulgados por OKDIARIO muestran que Martínez Rivera tomó declaraciones en solitario porque la juez «estaba hasta arriba de trabajo», realizando interrogatorios activos pese a no tener competencia. Los audios y WhatsApp revelan que la juez recibía «órdenes» de su marido, agravando acusaciones de prevaricación.
Las víctimas confirmaron que él les atendió en interrogatorios. Esto ha motivado una querella por prevaricación, usurpación y coacciones, con petición de nulidad. El CGPJ ha abierto una investigación, y se solicita evaluación psiquiátrica de la juez y traslado a la Audiencia Nacional por la magnitud interautonómica.
Esta intromisión familiar socava toda la causa, al ver un «contraataque» tras los audios. Pero la hipocresía se extiende al Gobierno ¿Por qué toleramos este caos? Un nepotismo que, sumado a la inacción de todos, perpetúa la injusticia.
