El juez imputa como investigadas a las hijas de Zapatero y a su secretaria en el caso Plus Ultra

El magistrado José Luis Calama, responsable de la instrucción del caso Plus Ultra en la Audiencia Nacional, ha decidido declarar como investigadas a Alba Rodríguez Espinosa y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, junto con Gertrudis Alcázar, quien ejerce como secretaria del exdirigente socialista. Esta resolución responde a una petición formulada por la Fiscalía Anticorrupción y se basa en indicios que vinculan presuntamente su posición a determinadas operaciones bajo investigación.

La decisión judicial y las garantías constitucionales

Según el auto del instructor, la citación de las hijas de Zapatero y de su secretaria como investigadas es la opción que mejor respeta las garantías del artículo 24 de la Constitución Española. El juez explica que convocarlas como testigos resultaría incompatible con su posible posición procesal, ya que les obligaría a declarar la verdad y les impediría reservarse información, comprometiendo su derecho a no declarar contra sí mismas ni a confesarse culpables.

Una maniobra judicial en aras a proteger su defensa pudiendo no declarar la verdad. Esto puede ser también una ayuda decisiva en el caso Plus Ultra para el propio Rodríguez Zapatero, dado que no son testigo no tienen obligación de declarar la verdad.

Calama subraya que esta medida no requiere un conjunto probatorio completo ni la acreditación plena de responsabilidad penal. Basta con la existencia de indicios racionales de participación, incluso de carácter meramente indiciario o derivado de la posición que ocupan las personas en las sociedades implicadas. En el caso de Alba y Laura Rodríguez, su condición de administradoras formales de Whathefav SL las sitúa en el círculo de personas potencialmente afectadas por los hechos investigados.

El magistrado argumenta que, para los administradores de sociedades que aparecen vinculadas de forma instrumental a la operativa analizada, la conexión deriva directamente de la estructura societaria. Quien ostenta la representación formal asume responsabilidad sobre las decisiones que permiten o facilitan esa actividad. Por tanto, la citación como investigadas protege sus derechos fundamentales y garantiza la validez de las diligencias procesales.

Esta imputación se produce después de que la Fiscalía Anticorrupción presentara un escrito el martes solicitando expresamente la declaración de las tres personas en calidad de investigadas. El juez ha anunciado que fijará las fechas de sus declaraciones en una próxima resolución.

El rol de Whathefav y los movimientos económicos bajo análisis

Alba y Laura Rodríguez Espinosa figuran como administradoras de la sociedad Whathefav SL, una agencia de comunicación y marketing. La investigación atribuye a esta empresa un papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes para el procedimiento. Esta constatación objetiva coloca a sus administradoras en una posición que justifica su citación como investigadas por su responsabilidad orgánica y dirección jurídica de la entidad.

Los investigadores han detectado pagos significativos. La sociedad Inteligencia Prospectiva habría realizado abonos por 368.258,72 euros a Análisis Relevante —empresa vinculada a Julio Martínez, amigo de Zapatero— y otros 561.440 euros a Whathefav. Posteriormente, Análisis Relevante habría transferido 490.780 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 239.755 euros a la empresa de sus hijas.

Se han analizado diversas facturas emitidas bajo el concepto genérico de “servicios agencia” sin que se detallara la prestación concreta realizada. En algunos casos se mencionan trabajos de maquetación de informes que, según las sospechas, ya estarían previamente elaborados. Esta falta de concreción ha llevado al juez a considerar una posible falta de correspondencia entre la actividad declarada y la actividad real, compatible con una función de cobertura formal.

Whathefav fue constituida por Laura Rodríguez en 2019, incorporándose posteriormente su hermana Alba. Se trata de una agencia que ofrece servicios de marketing, comunicación, e-sports y estrategias creativas. Las dos hermanas, de 32 y 30 años respectivamente, han cursado estudios relacionados con la comunicación y el audiovisual. Laura completó formación en realización de proyectos audiovisuales, mientras Alba se graduó en Comunicación Audiovisual y Artes Escénicas. Ambas contaban con experiencia previa en producción audiovisual, publicidad y fotografía antes de lanzar su proyecto empresarial.

El juez recalca que el objeto de esta pieza separada no es revisar la concesión de la ayuda pública de 53 millones de euros a Plus Ultra ni el funcionamiento general del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (SEPI). La investigación se centra en posibles conductas de tráfico de influencias ejecutadas por una presunta trama organizada y en eventuales actividades de blanqueo de capitales vinculadas al desvío de fondos.

La situación de Gertrudis Alcázar y el rechazo a nuevas diligencias

Respecto a Gertrudis Alcázar, el magistrado considera que existen indicios suficientes para justificar su imputación. La describe como una pieza operativa esencial dentro de la red investigada. Según el análisis de los correos electrónicos intervenidos, Alcázar, junto con otras personas, habría realizado funciones de coordinación, elaboración y cobertura formal de la documentación que sustenta las actuaciones de la trama. Actuaba como usuaria principal de la cuenta de correo del expresidente y desarrollaba su labor desde la oficina ubicada en la calle Ferraz.

El juez señala que Zapatero remitió instrucciones a través de sus empleadas administrativas para articular la apariencia documental de los pagos recibidos y emitidos por el entramado societario. En su reciente declaración ante el juez, el expresidente defendió la legalidad y la actividad real de la empresa de sus hijas, indicando que cuenta con numerosos clientes.

En el mismo auto, José Luis Calama rechaza de momento la solicitud de Zapatero de pedir más información a Estados Unidos sobre el teléfono de Rodolfo Reyes Rojas. El instructor indica que esperará a recibir respuesta a su propia solicitud de cooperación internacional antes de valorar nuevas peticiones. Asimismo, deniega varias diligencias solicitadas por la acusación popular, entre ellas la imputación de otras figuras políticas y la imposición de medidas cautelares relacionadas con la deuda de Plus Ultra.

El magistrado enfatiza que esta causa no tiene por objeto evaluar la regularidad del rescate de la aerolínea, sino las conductas concretas que pudieron influir en la concesión de la ayuda de manera presuntamente ilícita. Próximamente citará a declarar a las tres nuevas investigadas para continuar con las diligencias.

Esta resolución judicial mantiene el foco en las conexiones societarias y los flujos económicos detectados, sin que hasta el momento exista una imputación formal por delitos concretos, sino una investigación en fase de instrucción basada en indicios racionales.