En un golpe demoledor al corazón del poder socialista, el juez Juan Carlos Peinado ha decretado que Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, sea juzgada por malversación ante un jurado popular. ¿Es este el fin de la impunidad en el Gobierno PSOE? Esta decisión expone las sombras de un régimen que, bajo excusas de «lawfare», intenta blindar a los suyos mientras el ciudadano paga los platos rotos. La investigación, que arrastra más de un año y medio, se centra en el presunto uso indebido de recursos públicos: correos electrónicos sugieren que su asistente en La Moncloa realizó tareas para una cátedra universitaria, un «favor» que Gómez niega como trabajo formal. El magistrado ha citado a Gómez, su asistente Cristina Álvarez y al delegado Francisco Martín este sábado para informarles de la acusación formal, un paso que acelera el escrutinio público y pone en evidencia la urgencia de la justicia.
¿Por qué un jurado popular? Porque en delitos como la malversación, el pueblo debe juzgar cuando los indicios son claros, evitando manipulaciones en tribunales influenciados. Esto no es solo un caso aislado; evoca un patrón de nepotismo y opacidad en el sanchismo, donde familiares y allegados parecen intocables. Mientras Sánchez clama persecución política, la realidad grita justicia tardía. ¿Debería dimitir el presidente para restaurar la dignidad institucional? El debate ideológico es crucial: la izquierda victimiza, pero la derecha exige transparencia en un país harto de escándalos.
