La empresa pública Aena ha lanzado un contrato que evidencia, una vez más, cómo las políticas migratorias laxas del Gobierno generan un coste recurrente para los contribuyentes españoles. Mientras miles de españoles luchan contra la inflación y la falta de vivienda, se destinan recursos públicos a mantener operativas las salas de “rechazados” en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
El nuevo dispendio millonario de Aena
Aena ha publicado una licitación para un servicio integral en las salas de rechazados en frontera de la Terminal 1 (Sala 3) y la Terminal 4 (T4S). El valor estimado del contrato alcanza los 907.495,81 euros sin IVA, con un presupuesto base de 302.498,60 euros para el primer año, prorrogable por dos ejercicios más.
Los servicios incluyen limpieza general, lavandería, atención social a los alojados, vigilancia de seguridad y suministros farmacéuticos. Según la documentación oficial accesible en el portal de contratación de Aena, el plazo para presentar ofertas finaliza el 29 de abril de 2026.
“Estas salas siguen siendo un punto crítico de la inmigración ilegal que llega a Barajas”, confirman fuentes de la propia Aena. Muchos de los retenidos destruyen su documentación al aterrizar y presentan solicitudes de protección internacional para eludir la expulsión inmediata.
El efecto llamada y el colapso recurrente
La situación no es nueva. En agosto de 2024, la Confederación Española de Policía (CEP) denunció la saturación extrema de estas dependencias, con una media diaria de entre 140 y 170 inmigrantes, principalmente de origen mauritano y senegalés. Se registraron riesgos de motines, roturas masivas de pasaportes y colapsos que obligaron a los agentes a asumir tareas de reparto de comida y medicinas tras la retirada de Cruz Roja. Aquella crisis ya generó un coste adicional superior a los 620.000 euros solo en alimentación, limpieza y mobiliario de emergencia.
Frontex ha alertado de que la inmigración ilegal por vía aérea constituye “una preocupación clave” y prevé un incremento en los próximos meses. A pesar del supuesto “ligero descenso” en las solicitudes de asilo globales en 2025, Barajas continúa concentrando un volumen significativo de intentos de entrada irregular desde rutas africanas y latinoamericanas.
Las políticas de fronteras abiertas impulsadas por PSOE y sus socios de izquierda generan un efecto llamada permanente. En lugar de reforzar los controles y agilizar las devoluciones, el Gobierno prefiere destinar fondos públicos a lavandería y farmacia para quienes no tienen derecho a entrar en España.
Prioridades equivocadas: el dinero de los españoles para quien vulnera la ley
Este contrato pone de manifiesto el modelo fallido de una izquierda que prioriza la atención a los ilegales frente a la seguridad y el bienestar de los ciudadanos españoles. Mientras las familias españolas ven recortados servicios básicos por la mala gestión económica, Aena —empresa pública— destina casi un millón de euros a mantener un sistema que invita a burlar las fronteras.
Fuentes policiales consultadas insisten: “Sin medidas más contundentes en origen y en los controles aeroportuarios, estas salas seguirán siendo un sumidero constante de recursos públicos”.
Es hora de un cambio real de política migratoria: fronteras seguras, expulsiones rápidas y fin al derroche. Vox lleva años denunciando esta realidad que PP y PSOE se empeñan en ocultar o minimizar.
