1. El accidente y los trabajos de mantenimiento sin aviso previo
El 18 de enero de 2026, el tren de alta velocidad descarriló en el kilómetro 318 de la línea Madrid-Sevilla a su paso por Adamuz (Córdoba), causando la muerte de 46 personas en el peor siniestro de AVE de la historia de España. Meses después, en febrero, Adif realizó un cambio de carril de 42 metros como parte de tareas rutinarias de mantenimiento, a unos 1,35 kilómetros del punto exacto del accidente.
El 2 de marzo, el gestor ferroviario, Adif, envió un correo electrónico al Juzgado de Primera Instancia de Montoro informando únicamente de su intención de retirar otros 36 metros de vía en el kilómetro 317,2 (vía 2 sentido Madrid) durante la noche del 3 al 4 de marzo. La jueza Cristina Pastor consideró insuficiente el preaviso de solo dos días y reprendió duramente a Adif, obligándole a comunicar con 15 días de antelación cualquier intervención en la zona y a obtener autorización judicial previa.
Posteriormente, el 12 de marzo, la magistrada ciñó la prohibición a los puntos kilométricos entre el 321,098 y el 315,974 —que incluye el lugar del descarrilamiento— y pidió detalles sobre si las obras se habían ejecutado y qué material se había retirado.
2. La inspección ocular que destapó el tramo extra retirado
El martes 17 de marzo de 2026, la juez realizó una inspección ocular en el lugar del accidente acompañada por la Guardia Civil y personal de Adif. Sobre el terreno descubrió que, además de los 36 metros notificados, existía otro segmento de más de 42 metros de vía que ya había sido retirado y del que Adif no había informado en su correo del 2 de marzo.
La magistrada ordenó de inmediato a la Policía Judicial de Córdoba que extendiera acta del material trasladado a la base de Adif en Hornachuelos, procediera a su precinto y lo pusiera a disposición del juzgado. Todo el carril retirado (tanto los 36 como los 42 metros) quedó bajo custodia del propio Adif como depositario judicial.
3. La defensa de Adif y la custodia de las pruebas
Adif defendió que sí había informado a la jueza durante la propia inspección del 17 de marzo sobre el cambio de los 42 metros realizado en febrero, que se encontraba a 1,3 kilómetros del punto negro. Según el administrador ferroviario, tanto ese material como los 36 metros posteriores están custodiados y a completa disposición de la investigación judicial y de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que apunta a una posible rotura del carril como causa principal del siniestro. La jueza, sin embargo, exigió formalmente que se documentara y sellara todo el material retirado para garantizar la transparencia de la investigación.
Que el custodio y depositario sea Adif deja muchas dudas, que no se haya avisado de la retirada del tramo del descarrilamiento y que, anteriormente recordemos que ya Adif había retirado material de la zona sin previo aviso (noticia aquí) deja serias dudas sobre las intenciones del gestor de la vía.
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