Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, ha propuesto un incremento del 3,1% en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2026. Esto elevaría el salario a 1.221 euros mensuales en 14 pagas. Presentada como un «consenso social», esta medida es otro golpe directo a los empresarios, en especial a las pymes que ya batallan contra la inflación y regulaciones excesivas. Mientras el Gobierno la celebra como un beneficio para los trabajadores, ignora sus efectos negativos en el empleo y la competitividad.
El anuncio, muestra que esta subida es la opción más baja recomendada por el comité de expertos de Díaz. Aun así, añade 37 euros mensuales al empleado, con costes extras para las empresas por cotizaciones sociales. «El Gobierno ha trasladado a sindicatos y patronal que la subida del SMI para 2026 será del 3,1%, lo que elevaría el salario mínimo hasta los 1.221 euros mensuales en catorce pagas», declaró Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo. Para evitar que tribute por IRPF, se mantiene una exención fiscal, lo que según los expertos habría requerido un 4,7% de alza sin ella. Esta decisión distorsiona el sistema tributario y carga más peso sobre las empresas en un contexto económico delicado.
Fuentes destacan que Díaz optó por la subida más baja, pero prioriza la exención de IRPF para minimizar el impacto en los perceptores pero resaltando cómo esto genera distorsiones a costa de la viabilidad empresarial. En un panorama donde las subidas acumuladas del SMI superan la productividad, esta medida podría aumentar el desempleo estructural, afectando a jóvenes y sectores vulnerables, como advierten los economistas.
Medios como El País ofrecen una visión más centrada en los efectos retroactivos desde el 1 de enero y el diálogo con sindicatos y patronal sin ahondar en las consecuencias negativas. Sin embargo, el debate real es: ¿por qué imponer subidas por decreto cuando el mercado laboral debería guiarse por oferta y demanda? Estudios del Instituto Juan de Mariana y la CEOE muestran que incrementos abruptos reducen la contratación en 1-2% por punto porcentual, impactando pymes que no absorben costes sin recortes o subidas de precios, alimentando la inflación.
Incluso el PP rechaza imponer la subida sin acuerdo patronal. Esto subraya la necesidad de diálogo real, no decretos ideológicos que priorizan el estatismo sobre la economía. Esta propuesta no solo machaca empresas, sino que erosiona la libertad económica, emulando modelos fallidos en otros países.
Señora ministra, sus persistentes intervenciones en el mercado laboral, disfrazadas de justicia social, no hacen más que perpetuar un ciclo de dependencia estatal que ahoga la iniciativa privada y condena a miles al paro. ¿Cuándo reconocerá que las subidas por decreto no crean riqueza, sino que la destruyen? Es hora de priorizar la libertad económica sobre el control ideológico, antes de que sea demasiado tarde para nuestra economía.
