En un nuevo golpe a la credibilidad de las políticas izquierdistas, el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) se ve envuelto en un escándalo de corrupción que expone la hipocresía de la agenda verde promovida por el PSOE. Teresa Ribera, exministra y actual comisaria europea, evita dar explicaciones mientras su subordinado Eugenio Domínguez, detenido por amañar permisos para Forestalia, revela un sistema de favoritismos y pagos ocultos. Este caso no solo cuestiona la integridad del gobierno socialista, sino que invita a un debate profundo sobre cómo las supuestas transiciones ecológicas sirven de tapadera para el enriquecimiento ilícito, en detrimento de una verdadera defensa del medio ambiente.
Los hechos del escándalo
Según revelaciones de la Guardia Civil, Eugenio Domínguez, subdirector general de Evaluación Ambiental bajo Ribera, creó un sistema paralelo de tramitación para beneficiar a Forestalia, el gigante energético liderado por Fernando Samper. Domínguez se autoasignaba proyectos, incorporaba documentación vía USB sin registros oficiales y externalizaba evaluaciones a Tragsatec, evadiendo controles. «Domínguez mantenía una relación inusualmente estrecha con la empresa, acudiendo de forma habitual a su sede en Madrid por las tardes», detalla el atestado de la Unidad Central Operativa de Medioambiente (Ucoma). Forestalia pagó 5,2 millones de euros a través de la empresa de la esposa de Domínguez, Estudio de Asesoramiento Dherco, y se sospecha de acciones en 15 sociedades del grupo.
La investigación se extiende a 52 permisos concedidos a Forestalia, incluyendo el polémico Clúster del Maestrazgo, el mayor proyecto eólico de España con 200 molinos en zonas protegidas por Red Natura 2000. Domínguez, jubilado en junio de 2023, fue contratado como asesor por Ribera hasta diciembre de ese año, continuando sus favores. «El alto cargo de Ribera negó a otras empresas la licencia que sí concedió a Forestalia», denuncia ABC, destacando el trato preferencial.
La hipocresía de la izquierda
Este escándalo ilustra la falsa moral ecológica del PSOE, que predica sostenibilidad mientras fomenta corrupción. Ribera, icono de la izquierda progresista, mantuvo a Domínguez pese a sospechas, priorizando intereses privados sobre el bien público. ¿Es esto casualidad o sistémico en gobiernos socialistas? Recordemos que Domínguez fue nombrado inicialmente por Isabel García Tejerina (PP), pero fue bajo Ribera donde proliferaron irregularidades, como en Cáceres con Iberdrola, donde Fiscalía ve «prevaricación manifiesta».
En contra de las políticas izquierdistas, tanto nacionales como internacionales, este caso demuestra cómo la «transición verde» se convierte en vehículo de clientelismo. Vox ha denunciado repetidamente estos abusos, proponiendo una auditoría independiente de subsidios renovables para erradicar favoritismos. El debate debe centrarse en: ¿por qué el PSOE y sus aliados permiten que empresas como Forestalia, con conexiones políticas, esquiven normativas ambientales reales?
Implicaciones políticas y económicas
Las ramificaciones van más allá: Teruel Existe exige la dimisión de Hugo Morán por «connivencia» con Forestalia. El escándalo salpica a Europa, donde Ribera ocupa un cargo clave; debe rendir cuentas ante el BEI y las instituciones. Económicamente, proyectos como el Clúster Maestrazgo amenazan paisajes protegidos, beneficiando a unos pocos mientras el contribuyente paga subsidios inflados. Una nueva denuncia contra Domínguez por autorizaciones irregulares ha sido admitida.
Ribera no da la cara, pero la verdad emerge: la izquierda usa la ecología como excusa para corrupción. Es hora de un cambio radical, priorizando transparencia y meritocracia, como defiende Vox. Este escándalo debe impulsar reformas para desmantelar redes clientelares en todos los partidos, incluido el PP.
