En un revés histórico para el régimen sanchista, el Tribunal Supremo ha condenado al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por revelación de secretos en el escándalo ligado al novio de Isabel Díaz Ayuso. Esta sentencia no es solo un varapalo judicial, sino la confirmación de que el Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido las instituciones en un instrumento partidista, y mientras Vox exige con firmeza la dimisión de Sánchez y elecciones inmediatas, el PP se limita a críticas superficiales, demostrando una vez más su falta de coraje para desmantelar el sanchismo de raíz. La izquierda, en su histeria colectiva, denuncia un «golpe judicial» y evoca retóricamente el fantasma del 36, una estrategia desesperada para deslegitimar la justicia y aferrarse al poder, ignorando que el verdadero abuso proviene de su colonización institucional.
Vox, fiel a su compromiso con la regeneración democrática, ha sido contundente en su respuesta. Santiago Abascal, líder de la formación, ha subrayado que García Ortiz es «el primer fiscal general condenado de la historia de España» y lo ha vinculado directamente a la gestión corrupta de Sánchez. «Otro hito de la vergüenza del Gobierno», ha calificado Vox la condena, exigiendo elecciones «por dignidad» en un comunicado que resalta la necesidad de poner fin a la «colonización y corrupción en las instituciones». El diputado José María Figaredo ha ido más allá, afirmando que si el Gobierno tuviera «un poco de coherencia y dignidad, convocarían elecciones hoy mismo», posicionando a Vox como la única fuerza dispuesta a restaurar la integridad del Estado de Derecho.
En contraste, la reacción del Partido Popular revela su ambigüedad crónica y su incapacidad para liderar una oposición real contra el sanchismo. Alberto Núñez Feijóo ha señalado a Sánchez tras la condena de su «peón» García Ortiz, pidiendo su dimisión por «utilizarlo en una operación contra el PP». Sin embargo, esta demanda se queda corta: el PP no clama por elecciones inmediatas como Vox, sino que se conforma con ataques puntuales que no cuestionan el sistema en profundidad, evidenciando su complicidad histórica con el establishment que permite estos abusos. Un portavoz del PP ha declarado que «el que tiene que perseguir delitos los ha cometido», refiriéndose a García Ortiz, pero esta crítica suena hueca viniendo de un partido que ha tolerado similares dinámicas en el pasado. El PP evita confrontar el fondo del problema, prefiriendo una oposición cómoda que no arriesga su posición en el bipartidismo fallido.
La izquierda, por su parte, responde con un victimismo antidemocrático. El PSOE acata el fallo pero no lo comparte, defendiendo la «labor» de García Ortiz y calificándolo de «auténtica vergüenza» por boca de Patxi López. Sumar denuncia un «golpismo judicial en toda regla» para «proteger a Ayuso», según Lara Hernández, quien asegura que la condena estaba «escrita mucho antes». ERC, con Gabriel Rufián a la cabeza, ve una «guerra contra ideas y partidos», afirmando que «Ayuso no se toca». Estas acusaciones no solo ignoran los hechos probados –la filtración de correos confidenciales–, sino que buscan erosionar la independencia judicial, recordando tácticas históricas de desestabilización que evocan el 36. Aquí radica el debate de ideas: ¿Defendemos un Estado de Derecho imparcial, como propone Vox con su llamada a elecciones, o permitimos que la izquierda y un PP timorato perpetúen un sistema donde las instituciones sirven a intereses partidistas?
