Agentes de la Policía Nacional han culminado una operación que ha permitido la detención de 24 personas en la provincia de Murcia. Estas personas son investigadas como presuntos integrantes de una organización criminal que, según las pesquisas, habría obtenido de forma ilícita más de 1,5 millones de euros en financiación pública dirigida al tejido empresarial de pequeñas y medianas empresas así como a trabajadores autónomos. La investigación se inició en abril de 2025 tras la denuncia presentada por uno de los entes públicos perjudicados y ha revelado un complejo entramado societario utilizado presuntamente para simular actividad económica y evitar la devolución de los préstamos concedidos.
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La acción policial se desarrolló el pasado 28 de abril con un dispositivo coordinado que terminó con la detención simultánea de los 24 investigados. Estos han sido puestos a disposición judicial como presuntos responsables de delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales. Durante la operación se practicaron tres entradas y registros en domicilios ubicados en la provincia de Murcia, donde se intervinieron diversos bienes y se procedió al bloqueo de numerosas cuentas y un inmueble.
Desarrollo de la operación policial y las detenciones practicadas
La investigación sobre las ayudas, que comenzó en abril de 2025 a raíz de la queja formal de una entidad pública afectada, permitió a los agentes reunir indicios suficientes sobre un grupo que presuntamente accedía a créditos y ayudas públicas mediante la creación o adquisición de sociedades limitadas. Estas entidades se colocaban al frente de personas interpuestas y se respaldaban con documentación que los investigadores consideran falsa. Una vez obtenidos los fondos, se procedía a simular operaciones económicas que, en realidad, no existían.
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El dispositivo policial se activó el 28 de abril y se saldó con la detención simultánea de 24 personas en la provincia de Murcia. Las detenciones se produjeron tras la realización de tres entradas y registros en tres domicilios distintos. En el curso de estos registros, los agentes intervinieron cinco vehículos, siete lingotes de oro valorados en más de 18.200 euros, más de 13.200 euros en efectivo, tres relojes de alta gama, seis teléfonos móviles y un ordenador portátil. Además, se procedió al bloqueo preventivo de 112 cuentas bancarias y de una vivienda unifamiliar.
Los 24 detenidos pasaron inmediatamente a disposición de la autoridad judicial. Según las diligencias, se les atribuyen de forma presunta los delitos de pertenencia a una organización criminal, estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales. La operación ha permitido confirmar que el grupo operaba con una estructura bien definida y que habría conseguido financiación pública por valor superior a 1,5 millones de euros mediante la concesión fraudulenta de créditos dirigidos al apoyo de pymes y autónomos.
El entramado de sociedades instrumentales y el supuesto método para obtener la financiación
Los investigadores han acreditado la utilización de 57 sociedades instrumentales que carecían de actividad real. Estas empresas se empleaban para solicitar y conseguir la financiación pública. Una vez recibidos los importes, los investigados emitían facturas entre las propias compañías del grupo, generando así una apariencia de elevado volumen de negocio que no se correspondía con ninguna actividad económica genuina. Esta estrategia permitía simular solvencia y evitar la devolución de los préstamos cuando vencían los plazos establecidos.
Cuando llegaba el momento de devolver los créditos, las sociedades eran declaradas en concurso de acreedores, lo que derivaba en su quiebra e insolvencia y, de este modo, se eludía la obligación de reintegrar los fondos obtenidos. La red presentaba una estructura piramidal con un claro reparto de funciones. En la cúspide se situaban cuatro personas —un matrimonio y dos varones— que, según las pesquisas, controlaban todas las empresas y las operaciones de blanqueo de capitales, consistentes principalmente en la adquisición de inmuebles tanto en España como en el extranjero.
Los agentes analizaron los movimientos de las cuentas bancarias de estas sociedades y de sus titulares, logrando identificar hasta 234 cuentas distintas. Otra parte de la organización se encargaba de figurar como testaferros en las empresas y en las cuentas bancarias, así como de remitir la documentación falsa necesaria para la obtención de los créditos o para el posterior blanqueo de los fondos. De esta manera, el grupo conseguía mantener la apariencia de legalidad mientras obtenía los recursos públicos de forma presuntamente irregular.
Las intervenciones realizadas y el destino de los fondos presuntamente obtenidos
Durante los tres registros efectuados en la provincia de Murcia, además de los bienes ya mencionados, se ha confirmado el bloqueo de 112 cuentas bancarias y de una vivienda unifamiliar. Los principales investigados, según las evidencias recopiladas, destinaban los fondos a mantener un elevado nivel de vida. Entre los gastos detectados destacan más de 400.000 euros en alquiler de vehículos de lujo, numerosos viajes y la adquisición de inmuebles.
Concretamente, los agentes han constatado que se desviaron más de 600.000 euros para la compra de un chalet en Murcia y aproximadamente 430.000 euros para la adquisición de apartamentos en República Dominicana. Asimismo, parte del capital se trasladó al extranjero. Los investigados exhibían en sus redes sociales este alto nivel de vida, lo que ha servido a los agentes para corroborar el destino de los fondos presuntamente obtenidos de manera ilícita.
La operación ha permitido bloquear bienes por un valor significativo y poner a disposición judicial a las 24 personas detenidas. Con esta actuación, la Policía Nacional ha desarticulado un presunto entramado que, mediante 57 sociedades sin actividad real, habría conseguido más de 1,5 millones de euros en ayudas públicas destinadas al apoyo de pymes y autónomos. Las pesquisas continúan abiertas para determinar el alcance completo de las operaciones y el posible perjuicio causado al erario público.
