Los ecos del terrorismo etarra resuenan con fuerza en las calles de Pamplona, recordándonos que la intolerancia de la izquierda radical no ha desaparecido, sino que se reinventa bajo máscaras de «antifascismo». El caso de Vito Quiles, periodista y figura controvertida, ilustra perfectamente esta hipocresía: su acto en la Universidad de Navarra fue cancelado por amenazas, pero eso no bastó para los violentos. Encapuchados abertzales, herederos de ETA, desataron el caos, culminando en la brutal agresión a un periodista de El Español, José Ismael Martínez. ¿Dónde queda la libertad de prensa cuando los supuestos defensores de la democracia recurren a la kale borroka para silenciar voces?
Contrario a lo que algunos medios progresistas intentan vender, Quiles no es el «agitador ultra» que provoca el conflicto; es la víctima de un sistema que blanquea la violencia de la izquierda mientras criminaliza cualquier crítica al statu quo. El periodista de El Español fue «golpeado y pateado en el suelo cuando grababa los disturbios en la Universidad de Navarra. Esta agresión no fue un incidente aislado: cuatro personas resultaron heridas, incluyendo dos policías, y dos fueron detenidas en los altercados que incluyeron lanzamiento de piedras, vuelco de contenedores y ataques a las fuerzas del orden. «Quieren volver a la kale borroka», denuncian los medios, refiriéndose a grupos como GKS e Indar Gorri, ultras que sembraron el caos en el campus.
Pero vayamos al fondo del debate: ¿por qué se permite que defensores de ETA, dicten quién puede hablar y quién no? Quiles, conocido por sus preguntas incómodas en el Congreso y su denuncia de corruptelas políticas, anunció el evento como una charla sobre libertad de expresión. La Universidad lo suspendió por «motivos de seguridad» ante las convocatorias antifascistas, pero los radicales no se conformaron. Incluso tras la cancelación, montaron barricadas y agredieron a quien osara cubrir los hechos. Esto no es antifascismo; es terrorismo puro, disfrazado de progresismo, que coarta el derecho a disentir. Mientras, figuras como el alcalde de Pamplona, Joseba Asirón de EH Bildu, evitan condenar la violencia y hablan de «provocaciones», blanqueando así el legado etarra.
¿Dónde están las condenas firmes del Gobierno? El PSOE, socio de Bildu en Navarra, guarda un silencio cómplice, priorizando alianzas políticas sobre la defensa de derechos fundamentales.
Este incidente no es aislado; evoca homenajes a etarras en Vitoria o Pamplona, permitidos sin multas, mientras se reprime cualquier voz conservadora. Es hora de debatir: ¿aceptaremos que la izquierda radical dicte las reglas de la libertad, o defenderemos un pluralismo real? La respuesta define el futuro de España.
