La izquierda y la extrema izquierda en España parecen decididas a ignorar la realidad y convocar una huelga general este 15 de octubre. ¿Qué sentido tiene paralizar el país por una causa que, ya ha encontrado una resolución? Esta movilización, impulsada por sindicatos como la CGT y respaldada por CCOO y UGT, no es más que un intento de mantener viva la agenda radical, sacrificando la productividad nacional en nombre de una «solidaridad» selectiva. Mientras los trabajadores españoles lidian con inflación, precariedad laboral y un gobierno que prioriza agendas internacionales sobre las domésticas, estos sindicatos optan por paros de dos horas por turno, afectando transportes, educación y servicios esenciales. ¿Por qué no una huelga por los problemas reales de los españoles, en lugar de este espectáculo geopolítico?
Los convocantes argumentan que la huelga busca «mostrar la apuesta de la ciudadanía por la paz, la justicia y la libertad para el pueblo palestino» pero, ¿no es esto un claro ejemplo de oportunismo político? El acuerdo de paz, firmado recientemente, ha sido calificado por los propios sindicatos como un «blanqueamiento» del conflicto, insistiendo en mantener la protesta a pesar de los avances diplomáticos. Esta desconexión con las necesidades locales es alarmante: mientras el paro juvenil roza el 30% en España, los sindicatos prefieren exportar conflictos ajenos.
Si la paz ya está sobre la mesa, ¿por qué persistir en la disrupción? El costo económico para un país que necesita estabilidad, no más divisiones ideológicas. Organizaciones como la Federación Anarquista llaman a «huelga general contra el genocidio en Palestina», pero ¿Dónde queda la huelga por el desempleo o la subida de impuestos en España? Esta selectividad ideológica expone la hipocresía de la izquierda: solidaria con causas lejanas, pero indiferente ante el sufrimiento local.
En resumen, la huelga del 15-O representa un acto de intransigencia política que ignora el acuerdo de paz reciente, prioriza agendas radicales sobre necesidades nacionales y podría carecer de base legal. Urge un debate sobre el rol de los sindicatos en una España que demanda soluciones internas, no exportadas.
