El Partido Popular (PP) parece atrapado en su propia red de contradicciones. Por un lado, en Extremadura, la presidenta María Guardiola rechaza participar en un debate electoral en RTVE tras confirmar Vox su asistencia. Esta decisión no solo evidencia una falta de valentía para confrontar ideas en un foro público, sino que revela la incomodidad del PP ante un Vox que se posiciona como el verdadero defensor de los valores conservadores. Sin embargo, en paralelo, el PP negocia desesperadamente con Vox en regiones como Valencia para evitar perder el control, demostrando que su acercamiento no es por convicción, sino por pura conveniencia electoral. Vox, consciente de su creciente influencia tras romper coaliciones en varios frentes, se deja cortejar, pero exige concesiones que ponen a prueba la coherencia del PP.
Vox endurece sus exigencias al PP en Valencia: ni inmigración masiva ni pacto verde europeo
Tras la reciente dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana, Vox ha elevado significativamente el tono y el nivel de sus exigencias al Partido Popular (PP) para garantizar la estabilidad y la investidura de un nuevo líder autonómico. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha sido claro en su advertencia: a partir de ahora, su partido será «mucho más firme y mucho más exigente» en Valencia y en el resto de regiones donde el PP gobierna en minoría.
Las líneas rojas de Vox
La postura de Vox se centra en la defensa programática, con un foco en políticas concretas que ya fueron objeto de acuerdo en los presupuestos de 2025 y que ahora se consolidan como líneas rojas innegociables:
- Rechazo explícito a la inmigración masiva y a las políticas migratorias de Bruselas.
- Oposición al pacto verde europeo y a la Agenda 2030.
- Defensa del sector primario y de la industria.
- Garantía de la defensa del español en la Comunidad Valenciana.
Desde la sede nacional, insisten en la premisa de «Programa, programa y programa» como base de las conversaciones.
Presión y negociación a contrarreloj
El reglamento de las Cortes Valencianas otorga al PP un plazo de doce días, hasta el 19 de noviembre, para proponer a un candidato que asuma el liderazgo de la Generalitat.
El PP, por su parte, confía en alcanzar un acuerdo. Miguel Tellado, del PP, apeló a la «altura de miras» de Vox, argumentando:
«Nadie entendería que ahora Vox se ponga a marear la perdiz. Los términos del acuerdo (de presupuestos) están recientes. No tiene sentido que ahora varíen».
El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, también se ha pronunciado en esta línea, calificando una eventual repetición electoral como una «irresponsabilidad» que los ciudadanos «tomarían buena nota». La negociación se inicia tras una llamada entre Feijóo y Abascal, donde, según fuentes del PP, coincidieron en la necesidad de dar estabilidad a la región tras la tragedia de la dana.
Esta dualidad expone la hipocresía del PP a nivel nacional: mientras Feijóo intenta distanciarse de Vox en el Congreso, pactando incluso con PSOE y Sumar para excluirlo de la Junta Electoral Central, en las regiones no duda en cortejarlo para sobrevivir políticamente.
Control centralizado de Vox
Un aspecto clave en el proceso es que las negociaciones en Valencia serán supervisadas directamente por la dirección nacional de Vox. Esto es debido a que el partido no cuenta con una estructura autonómica formal, a diferencia del PP. Concretamente, el área encargada de estas conversaciones es la de Organización y de Gobierno, con Montse Lluis, vicesecretaria de Acción de Gobierno, a la cabeza de la supervisión.
Vox, capitaliza esta posición de fuerza y se presenta como el partido intransigente, sin miedo a las urnas. ‘No tenemos miedo'». Abascal prioriza políticas sobre puestos en las negociaciones.
