En un giro que huele a desesperación y a cloaca política, el PSOE extremeño ha decidido apostar por Miguel Ángel Gallardo como su candidato estrella para las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, a pesar de que este señor arrastra una imputación por prevaricación y tráfico de influencias en el turbio caso del hermano de Pedro Sánchez. ¿Coincidencia? No: esto es el colmo del nepotismo socialista, un premio a la lealtad ciega que expone las entrañas podridas de un partido que prioriza los favores familiares sobre la decencia pública. Mientras que María Guardiola convoca elecciones anticipadas para romper el bloqueo presupuestario, los socialistas responden con un candidato manchado, confirmando que su único plan es perpetuar el clientelismo a toda costa.
Recordemos los hechos: Gallardo, hasta hace poco presidente de la Diputación de Badajoz, está procesado por crear un puesto a medida para David Sánchez, el ‘hermanísimo’ del presidente del Gobierno, en la Oficina de Captación de Inversiones Musicales. Esta maniobra no es un error aislado, sino parte de un patrón: el PSOE defiende a capa y espada a sus imputados, como si la justicia fuera un mero trámite. Patxi López, portavoz socialista en el Congreso, salió al quite afirmando que «no hay nada punible ni delictivo» en el caso de Gallardo. ¿En serio? ¿Y qué pasa con las evidencias de favoritismo que han llevado a un juicio oral?
Pero vayamos más allá y busquemos el debate de ideas. Los defensores del PSOE arguyen que el adelanto electoral forzó la mano: sin tiempo para primarias, Gallardo era la opción ‘lógica’ por ser secretario general. «El PSOE se queda sin margen en Extremadura y ratificará a su líder como candidato pese a estar procesado». Sin embargo, esto choca frontalmente con principios democráticos básicos. ¿Por qué no optar por un perfil limpio? La respuesta es clara: Ferraz, el cuartel general socialista, avala a Gallardo para tapar el escándalo familiar de Sánchez.
El debate ideológico es ineludible: mientras abogamos por transparencia y elecciones para desbloquear, el socialismo se atrinchera en el «todo vale» para mantener poder. Gallardo critica que las elecciones son «órdenes de Génova», pero ¿Quién ordena desde Moncloa blindar a un imputado? Esto no es gobernar para el pueblo, es un asalto al erario público.
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