El descubrimiento que alerta a la Policía
La Policía Nacional ha elevado su nivel de alerta tras detectar indicios de que un local hostelero ubicado a escasos cien metros de la sede de la Audiencia Nacional pudo servir para captar conversaciones sensibles de jueces y fiscales. Según fuentes policiales, un agente que realizaba labores de vigilancia discreta identificó en una de las mesas del restaurante Raíz, en la calle Génova 20 de Madrid, un objeto pequeño integrado en el mobiliario que resultaba compatible con un micrófono oculto.
Este hallazgo no ha derivado aún en una investigación judicial formal, pero ha generado máxima preocupación en el seno de la institución. Varios magistrados fueron advertidos para que extremaran las precauciones en sus conversaciones dentro y alrededor del edificio judicial por su ubicación delicada.
Un empresario investigado y su testaferro
El restaurante Raíz abrió sus puertas en septiembre de 2025 bajo la sociedad La Finca de Prieto SL, con Carlos Castillo Medina como administrador único. Castillo tiene 17 antecedentes judiciales por delitos como pertenencia a organización criminal, lesiones, extorsión y narcotráfico. El verdadero impulsor del proyecto sería el empresario de hidrocarburos José Ángel Prieto Holgado, quien activó el local tras conocer que la UDEF investigaba a sus socios por un presunto fraude de IVA superior a 300 millones de euros.
Prieto, al percatarse de la investigación ante las diligencias previas, habría visto en este bar una oportunidad para obtener información privilegiada sobre causas que le afectaban.
Contexto de una trama mayor y riesgos para la independencia judicial
Este episodio se enmarca en la operación Pamplinas Stars, desmantelada en noviembre de 2025, que involucraba un esquema de fraude fiscal de IVA con 38 sociedades pantalla y desvíos de fondos a Holanda y Reino Unido. Uno de los detenidos, Juan Pablo Sánchez Gasque, intentó alertar a su socio Ignacio Purcell Mena, vinculado históricamente al traficante de armas Monzer Al Kassar. Purcell huyó inicialmente a Dubái antes de ser localizado en Santo Tomé y Príncipe, donde permanece pendiente de extradición.
En un Estado de derecho, la mera sospecha de que empresarios investigados intenten grabar y potencialmente chantajear a magistrados representa un ataque directo a la separación de poderes. Mientras el Gobierno de izquierdas sigue debilitando las instituciones con reformas que favorecen la impunidad, casos como este evidencian la urgente necesidad de blindar la independencia judicial frente a intereses económicos turbios.
