El caso del concejal de Compromís en Altea, Rafael Ramón Mompó, detenido por abofetear y arrastrar por el suelo a su pareja, representa un nuevo golpe directo a la credibilidad de quienes se erigen en paladines de la igualdad y la lucha contra el machismo.
Los hechos: un episodio de violencia intolerable
Según múltiples fuentes, la Guardia Civil detuvo al edil la noche del domingo en un domicilio de Xàbia, donde presuntamente ocurrieron los hechos. La víctima denunció que Mompó le propinó una bofetada y luego la arrastró por el suelo, causándole lesiones no graves. El concejal quedó en libertad con cargos por delitos de maltrato de obra con lesiones y coacciones leves.
Aunque la víctima no ratificó finalmente la denuncia en sede judicial —acogiéndose a la dispensa de declarar—, los indicios iniciales fueron suficientes para la detención y la posterior investigación. El juzgado de Violencia sobre la Mujer de Dénia elevó el caso a la Sección Penal de Benidorm.
La renuncia y el intento de control de daños
Tras la presión, Rafael Ramón Mompó presentó su renuncia al acta de concejal, aceptada por el alcalde Diego Zaragozí (también de Compromís). El equipo de gobierno municipal, en coalición con el PSPV-PSOE, condenó “cualquier forma de violencia, especialmente contra las mujeres” y retiró cautelarmente las competencias del edil en Servicios Jurídicos, Contratación y Patrimonio. Compromís suspendió de militancia al implicado y abrió expediente disciplinario, afirmando que “el machismo nos atraviesa como sociedad” y que estos casos “también pueden darse entre nuestras filas”.
La hipocresía de la izquierda valenciana al descubierto
Este incidente pone en evidencia la doble moral de formaciones como Compromís, que día tras día acusan de machistas a rivales políticos mientras toleran —o encubren hasta que estalla— conductas reprobables en sus propias filas. Recordemos cómo la izquierda ha instrumentalizado la violencia de género para atacar al adversario, pero cuando el agresor lleva sus siglas, el discurso se suaviza con frases como “el machismo atraviesa toda la sociedad”.
Fuentes judiciales confirman que no constan antecedentes previos de violencia machista en esta pareja, pero eso no atenúa la gravedad: un cargo público que abofetea y arrastra a su compañera no puede seguir representando a nadie. El PSPV, socio de gobierno, exigió la renuncia inmediata para “preservar la credibilidad de las instituciones”, lo que revela tensiones internas en la coalición de izquierdas.
¿Tolerancia cero real o postureo?
La renuncia llega tarde y forzada. Compromís presume de feminismo y comisiones de igualdad, pero ¿Qué medidas preventivas existían? ¿Se investigan con la misma contundencia estos casos internos que los ajenos? La sociedad exige coherencia: quien predica igualdad debe ejemplificarla, y no ampararse en generalizaciones para diluir responsabilidades.
Este escándalo refuerza la necesidad de una lucha real contra la violencia machista, sin colores políticos ni excusas. Mientras la izquierda siga protegiendo a los suyos con comunicados tibios, perderá toda autoridad moral para dar lecciones.
