La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado la ampliación del permiso laboral por fallecimiento de un familiar hasta 10 días retribuidos, una medida que, según sus palabras, busca «conquistar derechos» para los trabajadores. Pero, ¿a qué precio? Esta propuesta no solo ignora las realidades económicas de las empresas españolas, sino que revela profundas fisuras en el Gobierno de coalición, especialmente en su enfrentamiento con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien ha frenado en seco esta «ocurrencia» recordando la necesidad de equilibrio y diálogo con el sector privado.
Díaz, en un desayuno informativo en Madrid, justificó su iniciativa afirmando que «nadie puede ir bien a trabajar a dos días del fallecimiento de un padre, de una madre, de una hija, de un amigo». Pero la pregunta que todos nos hacemos: ¿Quién paga estos 10 días? No es el Gobierno, ni mucho menos la propia Díaz, sino las empresas, que verán incrementados sus costes en un contexto de incertidumbre económica, baja productividad y absentismo laboral récord. Como bien ha señalado el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, esta es una «nueva ocurrencia» lanzada sin consulta previa: «Yo pediría un permiso para descansar 10 días de los anuncios de la ministra. Es agotador». Garamendi cuestiona si se ha estudiado el impacto económico: «¿Se ha estudiado qué significa económicamente esto? No. Esto es porque me apetece, esto es porque me queda muy bien». En efecto, esta ampliación podría traducirse en una carga adicional para las pymes, que ya luchan por sobrevivir en un mercado asfixiado por regulaciones izquierdistas.
El choque con Carlos Cuerpo no se ha hecho esperar, reabriendo la brecha entre el PSOE y el radicalismo de Sumar. Desde Luxemburgo, durante la reunión del Eurogrupo, Cuerpo desautorizó sutilmente la propuesta: «Hay que encontrar un equilibrio para hacerlo de la mano de nuestras empresas». Y añadió: «Estamos continuamente trabajando por conseguir conquistar esos derechos para los trabajadores. La ambición es máxima y tenemos que encontrar una forma equilibrada de seguir hacia adelante, que tenga en cuenta también por supuesto a las empresas». Esta respuesta no solo frena el ímpetu de Díaz, sino que subraya la falta de coordinación en el Ejecutivo: la ministra no informó siquiera a sus colegas del PSOE antes del anuncio.
En lugar de más regulaciones que ahoguen la economía, España necesita políticas que fomenten el empleo y la competitividad. Díaz, con su anuncio sorpresa, parece ir «por libre», pero el costo lo pagaremos todos.
