En un mundo donde un meme sobre un político es más viral que un discurso parlamentario, Europa parece haber decidido que la libertad de expresión es un lujo demasiado peligroso. Bienvenidos a 2025, donde el Digital Services Act (DSA) de la Unión Europea se erige como el guardián supremo del «contenido seguro y veraz», y España, fiel a su tradición de innovar en regulaciones creativas, añade su propia receta de control con leyes que suenan a protección pero huelen terriblemente a mordaza. ¿Ironía? Claro: mientras Bruselas predica contra la desinformación global, sus normas terminan exportando censura hasta Silicon Valley. Porque, ¿quién necesita fronteras cuando puedes regular el mundo entero desde un taller cerrado? Imaginemos la escena: un usuario en Nueva York tuitea un chiste satírico sobre inmigración. De repente, poof, desaparece. No por capricho de un algoritmo yanqui, sino porque el DSA obliga a plataformas como Meta o X a alinear sus políticas globales con las exigencias europeas. Un informe del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de EE.UU., publicado en julio de 2025, lo deja claro: el DSA no es solo una ley europea, es un «arma de censura extranjera» que fuerza cambios en términos de servicio mundiales.
Documentos internos revelan cómo la Comisión Europea, en un taller confidencial ese mismo mes, dictó expectativas de moderación que incluyen eliminar «humor y sátira» si rozan temas sensibles como el medio ambiente o la migración. ¡Qué maravilla! Porque nada define más la «democracia» como decidir que un meme es un riesgo sistémico.
El DSA, que entró en vigor en febrero de 2024 pero se endureció en 2025 con el Código de Conducta contra la Desinformación (efectivo desde julio), obliga a las «plataformas muy grandes» (VLOPs) a auditar riesgos, transparentar algoritmos y remover contenido supuestamente «ilegal» en horas.
Suena noble: combatir odio, fake news y daños a la salud pública, proteger al ciudadano de informaciones presuntamente erróneas… Pero el diablo está en los detalles. Multas de hasta el 6% del facturación global (¡billones para Google o Meta!) incentivan a las empresas a pecar de cautelosas y si no lo hacen ya de paso se forran las arcas europeas. Resultado: un 87-99% de posts retirados en Francia, Alemania y Suecia fueron de contenido legal, según un estudio de 2024 del Future of Free Speech.
Y no hablemos de la «sobrecarga de #desinformación» que permite apagar plataformas en «circunstancias extraordinarias». ¿Elecciones tensas? ¿Protestas? Adiós, X o TikTok. La Unión Europea insiste en que no es #censura –«solo retiramoslo dañino», dice un portavoz de la Comisión en septiembre de 2025–, pero cuando el vicepresidente JD Vance acusa al DSA de «silenciar opositores políticos», uno se pregunta si la «protección de la democracia» no es eufemismo para «silencio convenientemente».
Ahora, crucemos el charco hasta España, donde el Gobierno de Pedro Sánchez transforma esta directiva europea en un pieza arte local de control. En abril de 2025, el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley que impone «control sin precedentes» sobre medios digitales, con multas de 30.000 euros por infracciones leves hasta el 6% del negocio anual por graves.
¿El pretexto? Alinearse con el European Media Freedom Act (EMFA), que entró en vigor en mayo de 2024 y se aplica totalmente desde agosto de 2025, prometiendo «independencia mediática» mediante un organismo regulador que supervisa subvenciones y códigos éticos. ¡JA!
Sarcasmo máximo: una ley contra la «censura» que permite al Estado retirar fondos a «pseudomedios» –léase: aquellos que no bailan al son del PSOE– por no cumplir «códigos deontológicos» socialistas. Amnistía Internacional clama por reformar el Código Penal, que aún castiga «ofensas a sentimientos religiosos» o «enaltecimiento del terrorismo» con cárcel (según qué terrorismo porque con el de ETA no sabemos nada), como en el caso de raperos como Pablo Hasél. Pero luego Amnistía Internacional no pide lo mismo cuando multan a Raúl Alfonso Paredes, el Murciano Encabronao por insinuar con un gesto que un personaje consume alguna sustancia. Cosas del querer, ¿a quién quiere más Amnistía Internacional… Otra fantochada convenientemente orquestada.
España: el Índice V-Dem de Libertad de Expresión cae de 0,91 en 2018 a 0,86 en 2024 bajo Sánchez. Y seguiremos bajando
La «Ley Mordaza» de 2015, aún vigente pese a promesas de derogación, multa protestas y restringe grabaciones policiales. Y en marzo de 2025, Moncloa planeaba cinco leyes más: desde una de Información Clasificada que actualiza secretos franquistas hasta reformas que «protegen menores» obligando a influencers a filtrar contenido. Con el reciente «ojú pues me enfado» de Junts veremos a ver si hay suerte y se queda en el tintero…
¿Resultado? Periodistas hostigados, medios asfixiados económicamente y un panorama donde criticar al Gobierno te convierte en «agitador ultra», vamos, un fascista cualquiera… Y Yolanda Díaz anunciando en Bruselas «acuerdos para quitar subvenciones a infractores», uno duda de la imparcialidad existente en todo este asunto.
Esta coalición euro-española no solo ahoga voces locales; sino que exporta su modelo: EE.UU. con lobbies diplomáticos –Marco Rubio ordenó en agosto de 2025 una «ofensiva» contra el DSA– y amenazas de aranceles de Trump.
Plataformas como X enfrentan investigaciones por no ceder datos a «investigadores» europeos, lo que huele a vigilancia disfrazada.
Críticos como el IIEA advierten: el DSA incentiva retiradas excesivas, empodera gobiernos autoritarios y expande el poder de plataformas sin checks reales.
En fin, ¿es esto progreso o retroceso disfrazado de utopía digital? Europa y la España de Sánchez y Feijoo nos venden un internet «seguro», pero entregan tablero de juego donde el disenso es riesgo mortal. Si la libertad de expresión es el oxígeno de la democracia, estas leyes lo están racionando.
Tal vez sea hora de recordar que, sin ironía, la verdadera desinformación es creer que la censura protege la verdad. Porque en 2025, el silencio suena cada vez más como aplausos obligatorios.
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