En un movimiento que apesta a tacticismo político, el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García han alineado sus estrategias en el Tribunal Supremo para tratar de eludir el juicio por el ‘caso mascarillas’. ¿Es esto un intento legítimo de defender sus derechos o una dilación calculada para evitar rendir cuentas por la presunta corrupción durante la pandemia? Esta audiencia preliminar, celebrada ayer, ha sacado a relucir acusaciones de un pacto «opaco» entre el empresario Víctor de Aldama y la Fiscalía Anticorrupción, algo que ambas partes niegan con vehemencia. Sin embargo, en un contexto donde el PSOE ha sido salpicado por múltiples escándalos, cabe preguntarse si la justicia actúa con la misma dureza contra todos o si premia a los delatores convenientes.
El contexto del escándalo: contratos inflados en plena pandemia
Recordemos los hechos: en plena crisis sanitaria, mientras España clamaba por material médico fiable, esta trama supuestamente infló contratos públicos para enriquecer a unos pocos. Ábalos, figura clave en el Gobierno de Pedro Sánchez, y Koldo, su hombre de confianza, se enfrentan a peticiones de hasta 24 y 19 años de prisión por delitos como cohecho y blanqueo. La Fiscalía Anticorrupción, bajo Alejandro Luzón, exige severidad para ellos, pero solo siete años para Aldama, quien ha colaborado. ¿Colaboración o un chivatazo que huele a trato de favor? Las defensas de Ábalos y Koldo han denunciado este acuerdo como «opaco», pero el fiscal y el abogado de Aldama, José Antonio Choclán, lo desmienten: «No hay pacto alguno», afirmó Choclán durante la vista.
La estrategia defensiva: traslado a la Audiencia Nacional y demandas inéditas
¿Por qué insisten Ábalos y Koldo en trasladar el caso a la Audiencia Nacional? Alegan que el Supremo pierde competencia tras la renuncia de Ábalos a su escaño en el Congreso, una dimisión que llegó sospechosamente tarde, justo después de la apertura de juicio oral. Fuentes jurídicas señalan que esta maniobra busca dilatar el proceso y, posiblemente, facilitar su salida de prisión al reducir el «riesgo de fuga». El tribunal, presidido por Andrés Martínez Arrieta, rechazó de plano sus intentos de recusar a cinco magistrados, calificándolos de extemporáneos e infundados.
Koldo García, en particular, ha sorprendido con una serie de demandas inéditas: desde un careo con Aldama hasta someterse a un polígrafo, una prueba no regulada en España pero defendida por su abogada, Leticia de la Hoz, como una herramienta viable para demostrar inocencia. «Queremos un cara a cara con Aldama», insistió la defensa, argumentando nulidades como la falta de acceso a dispositivos incautados, que calificó de «nulidad como un castillo».
La respuesta de la Fiscalía: oposición firme al traslado
Por su parte, la Fiscalía se opone firmemente al traslado, sosteniendo que la competencia del Supremo no se pierde retroactivamente. Este posicionamiento choca con las interpretaciones de las defensas, que ven en el Supremo un tribunal demasiado riguroso para sus intereses.
Perspectivas mediáticas: voces críticas y defensivas
Desde una perspectiva crítica, este episodio ilustra cómo el sistema judicial puede ser manipulado cuando involucra a altos cargos del PSOE. Medios como El Mundo destacan que las defensas «consideran que el Tribunal Supremo carece en la actualidad de competencia para juzgarles», subrayando el pulso por la renuncia al escaño. Vozpópuli resalta las «exigencias inéditas» de Koldo, como el polígrafo, para «librar al exescolta del inminente juicio». OkDiario, por su parte, enfatiza cómo Ábalos y Koldo «atacan a Aldama» para desviar la atención, desplegando «una batería de impugnaciones».
Contrastemos con visiones más indulgentes: El País reporta que las acusaciones del PP, como acción popular, ven en esto un intento de «dilatar la causa». Público argumenta que el traslado a la Audiencia Nacional retrasaría el juicio y facilitaría la excarcelación, citando al juez Leopoldo Puente. Sin embargo, estas interpretaciones ignoran el patrón: ¿por qué el PSOE parece inmune a escándalos mayores, mientras la oposición clama por transparencia? La imagen de Ábalos y Koldo en el banquillo es histórica y vergonzosa, y con razón. Mientras, el Gobierno guarda silencio, ¿temor a salpicaduras?
¿Justicia imparcial o protección partidista?
Según los medios, el juicio podría fijarse para abril, tras rechazar las nulidades. Es momento de debatir: si no hay nada que ocultar, ¿por qué tanto esfuerzo por evitar el Supremo? Este caso no solo cuestiona contratos pandémicos, sino la integridad de un sistema que parece proteger a los suyos.
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