En un episodio que pone al desnudo las contradicciones del progresismo mediático, la Policía ha declarado «ilocalizable» a Sarah Santaolalla, esa figura televisiva que no escatima en ataques verbales contra quienes defienden valores conservadores, pero que parece desvanecerse cuando la ley llama a su puerta. ¿Dónde queda la responsabilidad que tanto predican los autoproclamados defensores de la tolerancia? Hazte Oír, la asociación que ha desafiado la corrupción en las esferas del PSOE y el entorno de Pedro Sánchez, reclama ahora 30.000 euros por daños al honor tras ser calificada de «auténticos delincuentes» en un programa de máxima audiencia. Este no es mero litigio; es un reflejo de la doble moral izquierdista que arremete contra las voces disidentes mientras evade sus propias responsabilidades.
Los hechos: declaraciones polémicas en televisión
El conflicto se remonta al 12 de febrero de 2025, en el programa En boca de todos, donde Santaolalla lanzó una andanada contra Hazte Oír y entidades similares. «La asociación ultraderechista de Hazte Oír, y todas estas seudoasociaciones ultraderechistas, peligrosas, teniendo esa información no solo del fiscal general del Estado, sino también de uno de los periodistas que declara, y de otro fiscal, porque se ha extendido la información, ¿no van a actuar contra ellos? Estos son los mismos que te hacen una manifestación a la puerta del juzgado llamándote criminal, sanguinario, insultándote a la puerta del juzgado. ¿Tú te crees que teniendo la información de dónde vive el fiscal general del Estado no se van a presentar en su casa? Son auténticos delincuentes», afirmó la tertuliana. Estas palabras no solo carecen de base factual –Hazte Oír opera legalmente como acusación popular en casos de corrupción socialista–, sino que representan un asalto directo al honor de una organización que promueve la familia y la vida en un panorama polarizado por el discurso progresista.
El proceso judicial: la «ilocalización» y la demanda
El acto de conciliación, precursor de posibles acciones penales, se ha suspendido por tercera vez debido a que Santaolalla resulta «ilocalizable» en su domicilio empadronado en Salamanca, según confirma la Policía. ¿Evasión intencionada o simple casualidad en una figura pública? La demanda, interpuesta ante un juzgado salmantino, busca compensación por declaraciones «radicalmente falsas, vejatorias e insultantes», tal como las describe Hazte Oír en su querella. Fuentes como OkDiario detallan que la asociación presentó la demanda considerando un atentado contra su honor y sus integrantes: «La asociación HazteOir interpuso una demanda de conciliación al considerar que atentaron contra su honor y sus integrantes».
Antecedentes de controversia: un patrón de insultos
Esta no es la primera incursión de Santaolalla en terrenos litigiosos. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ya la querelló por tildar a agentes de «franquistas» y «racistas» en TVE, un caso que subraya su tendencia a los exabruptos ideológicos. Además, ha insultado a votantes de PP y Vox llamándolos «idiotas», y recientemente firmó un manifiesto contra el «odio y la desinformación» junto a Pablo Iglesias –¡la ironía es palpable!– mientras ignora sus propias citas judiciales. Incluso, en enero de 2026, denunció amenazas de muerte ante la Policía, un relato que, desde perspectivas críticas, podría interpretarse como una maniobra para victimizarse en medio de sus controversias.
La doble moral de la izquierda: ataque y evasión
Este caso invita a cuestionar: ¿por qué la izquierda, que se posiciona como guardiana de la libertad de expresión, recurre a insultos gratuitos contra ideologías opuestas? Hazte Oír, lejos de ser «delincuentes», ha sido un pilar en la denuncia de corrupción gubernamental, ejerciendo derechos legítimos en escándalos que involucran al Ejecutivo socialista. El contraste es evidente: mientras Hazte Oír enfrentan los tribunales con hechos, figuras progresistas como Santaolalla optan por la difamación y la huida. Fuentes independientes desmontan el victimismo izquierdista, destacando cómo la tertuliana fue citada por calificar de «sanguinarios» a los integrantes de la asociación. La verdadera amenaza no radica en las asociaciones, sino en el discurso tóxico que pretende acallarlas.
Este incidente resalta una verdad incómoda: la derecha defiende el debate con legalidad y evidencias, mientras la izquierda prefiere el agravio y la elusión. Es imperativo que personalidades como Santaolalla respondan por sus palabras, en vez de refugiarse en el victimismo.
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