El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este octubre de 2025 que la inflación interanual en España ha escalado hasta el 3% en septiembre, un repunte de tres décimas respecto al mes anterior y una décima por encima de lo previsto inicialmente. Los precios de la electricidad y los carburantes lideran esta escalada, recordándonos que, lejos de la estabilidad prometida, el ciudadano de a pie ve cómo su poder adquisitivo se evapora mes tras mes. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez insiste en que «la economía va bien» gracias a cifras de PIB maquilladas con deuda pública, esta realidad cruda del IPC expone la fractura entre los números oficiales y el drama cotidiano de las familias españolas.
Imaginemos el escenario: usted acude al supermercado y descubre que el litro de leche o el kilo de pan han subido de nuevo, no por capricho del mercado, sino por un cóctel tóxico de políticas energéticas fallidas y presiones geopolíticas que el Ejecutivo parece ignorar. Según los datos del INE, la variación mensual del IPC ha sido del -0,3%, pero la interanual del 3% sitúa a España por encima de la media europea del 2,2%, ampliando la brecha con la zona euro. La inflación subyacente, que excluye los volátiles precios de la energía y alimentos frescos, se mantiene en un 2,4%, lo que sugiere que no se trata de un espejismo temporal, sino de una tendencia estructural que erosiona el salario medio y agrava la desigualdad.
El Ministerio de Economía, en su comunicado oficial, atribuye este alza a «factores coyunturales como la electricidad y los carburantes, que subieron más que en septiembre de 2024». Pero, ¿es esto excusa suficiente? Desde el Banco de España advierten en sus proyecciones macroeconómicas de marzo de 2025 que la inflación general podría cerrar el año en el 2,5%, impulsada por unos «mayores costes energéticos» que el Gobierno no ha logrado contener pese a sus paquetes de medidas. «La economía española sigue expuesta a la volatilidad de los precios energéticos, a las tensiones geopolíticas y a la incertidumbre de los mercados internacionales», sentencia la patronal CEOE en su análisis post-dato, cuestionando si este repunte es «una señal de normalización definitiva» o el preludio de males mayores.
Para confrontar esta versión gubernamental, miremos más allá de los despachos de Moncloa. La Comisión Europea, en su previsión de otoño, proyecta una tasa media del 2,3% para 2025, pero con riesgos al alza derivados de sequías persistentes y crisis de abastecimiento en alimentos, que podrían disparar hasta un 5% los precios de productos básicos. El FMI, por su parte, elogia el crecimiento del PIB español —estimado en un 2,7% para 2025—, pero advierte que este «fuerte crecimiento» no se traduce en bienestar si la inflación devora los incrementos salariales. «España lidera el crecimiento entre economías avanzadas, pero la inflación se erige en la variable macro que más cuesta contener, con impacto directo en los bolsillos», destacando cómo regiones como Ceuta (3,9%), Madrid (3,5%) y Valencia (3,4%) sufren las mayores subidas.
En resumen, el salto del IPC al 3% no es un tropiezo aislado, sino un síntoma de un modelo económico que sacrifica el bolsillo ciudadano en el altar del crecimiento ficticio. Mientras el Gobierno celebra cifras macro, los españoles pagan la factura real de una inflación que no da tregua.
