En un movimiento que despierta serias dudas sobre la imparcialidad, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha otorgado un contrato clave para inspeccionar las vías férreas a una filial de Azvi, la misma constructora implicada en la trama de corrupción del PSOE a través de Koldo García y responsable de la reforma en el tramo de Adamuz, donde un trágico accidente causó 45 muertes. Esta adjudicación no solo sugiere favoritismo, sino que pone en jaque la credibilidad de un Gobierno que parece priorizar redes clientelares sobre la seguridad pública. Al mismo tiempo, Pedro Sánchez y Puente posponen sus comparecencias en el Congreso hasta febrero, en una estrategia evidente para diluir el escrutinio mediático y político. ¿No quieren salir a dar la cara?
El Contrato controversial: Azvi y sus vínculos con la trama Koldo
El contrato, valorado en 5,65 millones de euros y vigente hasta 2027, fue adjudicado a una Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por Traccion Rail –filial de Azvi– y Continental Rail. Según los detalles del pliego, esta UTE debe suministrar personal y trenes especializados para detectar anomalías en las vías, incluyendo pruebas en puentes y viaductos. Lo alarmante es que Azvi no solo reformó el tramo Guadalmez-Córdoba, epicentro del descarrilamiento del Iryo en 2021 por 61 millones de euros, sino que empleó a Koldo García entre noviembre de 2023 y febrero de 2024 para «asesoramiento en Latinoamérica», con pagos de 6.000 euros mensuales ligados a obras internacionales. Informes de la UCO de la Guardia Civil revelan facturas y conversaciones sobre adjudicaciones, enmarcadas en una red de comisiones.
¿Por qué un Ejecutivo que se autodenomina progresista permite que una empresa salpicada por escándalos supervise las mismas vías que renovó? Fuentes como OkDiario destacan que Adif adjudicó en 2021 un contrato de 61 millones a una UTE con participación de una empresa de la ‘trama PSOE’. «La entidad pública Adif adjudicó en 2021 un contrato de 6,6 millones a una UTE en la que participa Acciona Construcción SA», detalla el medio. Esto choca con las afirmaciones de Puente, quien insiste en que la red es «un referente mundial» y niega fallos en el mantenimiento.
El retraso en el Congreso
El Gobierno, con mayoría en la Mesa del Congreso gracias a PSOE y Sumar, ha tramitado la comparecencia voluntaria de Puente pero ha aplazado la del PP para Sánchez, citando un registro «tarde». Fuentes oficiales afirman que Sánchez «nunca se ha escondido», pero la realidad apunta a un intento de esperar avances en la investigación para enfriar el debate. El PP, respaldado por Vox y Junts, podría forzar la aparición, pero el Ejecutivo maniobra para controlar el calendario.
Esta demora no es cautela; es un agravio a las víctimas y a la responsabilidad, en una crisis que ha costado 46 vidas entre Adamuz y Gelida. Como debate El Independiente, la comisión investigadora de Adamuz tiene pendientes informes de descarrilamientos previos, cuestionando su eficiencia. «Uno de los dos descarrilamientos sobre el que no ha emitido aún sus conclusiones es el que ocurrió en octubre de 2024», señala el artículo. La oposición, como Ester Muñoz del PP, exige urgencia: «El presidente debe comparecer en sesión extraordinaria».
El Debate en Redes y Medios: Indignación Ciudadana
En plataformas como X, la furia es evidente. Usuarios como @achucarro_m denuncian: «Puente encarga inspecciones de vías a la empresa que fichó a Koldo y reformó Adamuz. Son una mafia, y ni se preocupan en disimular». Otro post de @TheObjective_es amplía: «Puente encarga inspecciones de vías a la empresa que fichó a Koldo y reformó Adamuz». Incluso @criaturina resalta: «Puente encarga inspecciones de vías a la empresa que fichó a Koldo y obtuvo la reforma de Adamuz».
Medios como La Razón revelan que Puente admite anomalías por «problemas de juventud» en la vía renovada. Si la infraestructura es tan robusta, ¿por qué las huelgas de maquinistas y auditorías pendientes? Un Gobierno de izquierdas que critica el capitalismo, pero adjudica contratos a firmas cuestionadas, genera un debate esencial sobre ética pública.
