El Gobierno ha decidido cancelar de forma inesperada un contrato millonario adjudicado a Telefónica que incluía tecnología de la empresa china Huawei para la modernización de infraestructuras críticas de fibra óptica. La anulación, justificada por «razones de estrategia digital y autonomía estratégica», afecta a la RedIRIS, una red que da servicio a universidades, centros de investigación y al propio Ministerio de Defensa.
La decisión, adelantada por el diario Cinco Días, se produce apenas unas semanas después de la polémica generada por la adjudicación a la misma compañía tecnológica de la gestión del almacenamiento de las escuchas telefónicas judiciales por un valor de 12,3 millones de euros.
El Ministerio para la Transformación Digital, dirigido por Óscar López, había aprobado el pasado lunes una inversión de 10 millones de euros para que Telefónica implementara equipos de última generación de Huawei en la red pública RedIRIS. Esta red, con más de 16.000 kilómetros de extensión, es fundamental para la comunidad científica y universitaria española, interconectando a cerca de cinco millones de profesionales, pero también es utilizada para servicios sensibles del Ministerio de Defensa.
«La medida se ha tomado por razones de estrategia digital y autonomía estratégica», declaró una portavoz del Ministerio para la Transformación Digital a ‘Cinco Días’.
A pesar de la cancelación, la adjudicación inicial todavía figura en la Plataforma de Contratación del Sector Público sin notificación de la anulación. Fuentes de Telefónica han indicado no haber recibido comunicación oficial al respecto.
El acuerdo se había negociado directamente con la operadora española como una extensión de un contrato previo de 2020, por el cual ya se habían instalado equipos de Huawei por 5,5 millones de euros.
Esta rectificación del Gobierno pone de manifiesto la creciente presión y el debate en España y Europa sobre la participación de proveedores tecnológicos como Huawei, cuestionados por Estados Unidos y la Unión Europea, en infraestructuras consideradas estratégicas para la seguridad nacional. La decisión de anular el contrato subraya un cambio de rumbo en la política tecnológica del Ejecutivo, priorizando la «autonomía estratégica» frente a acuerdos previos.
