En un movimiento que sacude el panorama laboral español, Telefónica ha propuesto un ERE que podría dejar sin empleo a hasta 6.088 trabajadores. Esta decisión llega en un momento en que la compañía está bajo el control del PSOE a través de la SEPI. Un ejemplo más de intervencionismo estatal que prioriza el control político sobre la estabilidad laboral
El alcance del ERE: cifras y detalles
La propuesta de despido colectivo afecta a múltiples filiales de Telefónica en España. Según fuentes recientes, el plan incluye 3.649 despidos en Telefónica de España, 1.124 en Telefónica Móviles y cifras menores en otras entidades como Movistar+ (288) y Telefónica Global Solutions (140). En total, se busca eliminar 6.088 puestos de trabajo, enfocados principalmente en empleados mayores de 56 años, con compensaciones del 75% del salario y salidas programadas a partir de 2026.
En regiones como Aragón, el impacto es especialmente duro. Allí, el ERE podría afectar al 35-40% de la plantilla local, con entre 85 y 95 despidos en una zona donde la empresa genera 125 millones de euros anuales. Estas cifras no solo representan números, sino familias enteras enfrentando incertidumbre en un contexto económico ya muy complicado.
El rol del PSOE: intervencionismo y colocaciones políticas
Desde diciembre de 2023, el Gobierno de Pedro Sánchez autorizó a la SEPI a adquirir hasta el 10% del capital de Telefónica, convirtiéndose en su principal accionista para contrarrestar la entrada de inversores extranjeros como la saudí STC. Esta maniobra se presentó como una defensa de una «empresa estratégica», pero ha derivado en un control político más que evidente.
Por ejemplo, el nombramiento de Marc Murtra, un independentista catalán cercano al PSC (brazo catalán del PSOE), como presidente de la compañía, forma parte de un patrón de «enchufes»: la exjefa de gabinete de la ministra Elma Saiz o el hijo de Conde-Pumpido han accedido a puestos con sueldos superiores a 100.000 euros.
Críticas internas y el silencio de los sindicatos
Incluso dentro del Gobierno, hay voces disidentes. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha calificado el ERE de «indecente», afirmando que «el dinero público no está para despedir a nadie». Sin embargo, esta crítica parece contradictoria, ya que el mismo Ejecutivo controla la SEPI y, por ende, influye en las decisiones de la empresa.
Los sindicatos mayoritarios, como UGT y CCOO, han mantenido un silencio ensordecedor. En contraste, el sindicato Solidaridad rechaza el ‘inadmisible’ ERE anunciado por Telefónica y denuncia la enésima traición de UGT y CCOO a los trabajadores.
Pérdidas públicas y debate sobre el intervencionismo
El intervencionismo estatal ya ha costado caro. El Estado ha perdido 170 millones de euros en Bolsa con su inversión en Telefónica, según informes. La intervención estatal condena al clientelismo a las empresas. Por un lado, defensores del PSOE argumentan que protege «intereses nacionales»; por otro, críticos ven un patrón muy claro de ineficiencia. El veto gubernamental a fusiones como BBVA-Sabadell –por riesgos de despidos– contrasta con este ERE, revelando una doble vara de medir.
Telefónica, con beneficios y un mercado sólido, no necesita «salvadores políticos», sino LIBERTAD para competir en un mundo globalizado.
