Las «bien pagás»: el PSOE y el enchufe a sus parejas
El panorama político español asiste a una nueva entrega de lo que parece ser un sistema de favores mutuos diseñado por la izquierda y sus satélites. Baltasar Garzón, el exjuez inhabilitado, ha sido designado para presidir la denominada ‘Comisión de la Verdad’, un organismo creado bajo el paraguas de la Ley de Memoria Democrática. Lo que en teoría debería ser un ejercicio de rigor histórico, se ha convertido en una estructura opaca donde el nepotismo y el pasado ideológico marcan la pauta. Esta designación no es casual, ya que coincide con el control que ejerce Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática, cerrando un círculo de poder que ignora cualquier principio de imparcialidad. Esto es más de lo mismo. Vínculos del sistema judicial con el poder político que vuelven a evidenciarse una vez más.
Fichajes polémicos: de la justicia a los insultos personales
La controversia no termina con el nombramiento de Garzón. La composición de este comité ha generado muchísima polémica al conocerse la inclusión de un letrado con un historial personal muy turbio. Garzón ha incorporado a la Comisión a un abogado que, en el pasado, fue noticia por proferir graves insultos contra su propia esposa, Roberto de Figuereido Caldas, a quien llegó a calificar públicamente con términos denigrantes. «Este tipo de perfiles son los que ahora pretenden dictar qué es verdad y qué es mentira en nuestra historia reciente», señalan los críticos ante la evidente falta de ejemplaridad. Este nombramiento pone en entredicho la catadura moral de un organismo que nace viciado desde su raíz. ¿resultado? la degradación de las instituciones parece no tener límites. Gallardo, el guardián del enchufismo familiar de Sánchez, coronado candidato en Extremadura
Una herramienta ideológica pagada por todos los españoles
Esta Comisión no busca reconciliación, sino perpetuar una visión sesgada de los hechos que convenga al actual Ejecutivo y a sus socios radicales. Al situar a Garzón al frente, se premia a una figura que ha sido el brazo ejecutor de la politización de la justicia durante décadas. Es un insulto a los ciudadanos que se utilicen fondos públicos para financiar un tribunal de honor ideológico liderado por personajes con intereses tan directos en la causa. Mientras la casta progresista se reparte sillones, la soberanía nacional se ve pisoteada por una agenda que busca dividir y señalar. Se necesita una alternativa soberana que hoy es más urgente que nunca ante este atropello institucional.
