En un nuevo golpe a la unidad nacional, Pedro Sánchez ha cedido al PNV un «primer mordisco» a la Seguridad Social. Este acuerdo no solo recompensa la lealtad del PNV, sino que abre la puerta a más demandas separatistas, eliminando la igualdad entre españoles. Mientras Cataluña disfruta de privilegios fiscales que rompen la solidaridad, el País Vasco acelera su agenda autonómica. ¿nuevo trueque político que debilita España?
Detalles del acuerdo: cinco competencias clave transferidas
El pacto, sellado ‘in extremis’ tras tensiones, incluye el traspaso de cinco competencias:
- Prestaciones contributivas por desempleo, que benefician a 51.000 vascos y cuestan más de 800 millones anuales.
- Prestaciones no contributivas familiares, como subsidios por nacimiento o adopción.
- Seguro escolar, una materia sensible en el ámbito educativo.
- Salvamento Marítimo, para la gestión de emergencias costeras.
- Centro de Verificación de Maquinaria en Barakaldo, relacionado con la salud laboral.
Según el Gobierno vasco, estas se financiarán vía «fórmula del Cupo», descontando recursos propios de la aportación al Estado. Sin embargo, esta cesión histórica –la primera desde 1981– genera dudas sobre su compatibilidad con la Constitución, que defiende la igualdad territorial.
La intervención personal de Sánchez: ¿chantaje?
Pedro Sánchez intervino directamente, con llamadas al lehendakari Imanol Pradales y al líder socialista vasco Eneko Andueza, para evitar una crisis. Esta implicación revela cómo el PSOE prioriza alianzas parlamentarias sobre la cohesión nacional. El PNV, a través de Aitor Esteban, exige ahora 16 competencias más, incluyendo puertos, aeropuertos y el régimen económico de la Seguridad Social.
Como argumenta El Mundo: «No va a renunciar al cumplimiento del Estatuto y a todas las potencialidades que tenga el Estatuto, que van más allá de las competencias que todavía no están entregadas a su legítimo dueño que son las instituciones vascas». Esta visión nacionalista choca con el principio de solidaridad, fomentando un federalismo asimétrico que privilegia a unos sobre otros.
Desde una perspectiva progresista, El País ve el pacto como un esfuerzo por «consolidar la mayoría de la investidura», destacando que no rompe la ‘caja única’ de la Seguridad Social. Sin embargo, ABC lo califica de «cesión» para «destensar la relación con el PNV», criticando el retraso en el Estatuto de Gernika.
El Confidencial advierte que abre camino a la gestión de pensiones: «Lo que pedimos es que seamos serios y que se respeten los acuerdos institucionales», afirma la portavoz vasca María Ubarretxena. Estas posturas invitan al debate: ¿prioriza Sánchez su permanencia en Moncloa?
Otras fuentes como Expansión hablan de un acuerdo «alcanzado a última hora» tras «avisos del PNV». Vozpópuli resalta que Euskadi será la primera en pagar prestaciones con recursos propios, descontados del Cupo de 1.488 millones para 2025. Este patrón de concesiones sucesivas cuestiona si el Estado se fragmenta por intereses partidistas.
En redes los comentarios reflejan un malestar por la desigualdad territorial, especialmente en regiones como Extremadura, donde tales privilegios agravan las disparidades.
Un acuerdo que agrava tensiones
Este pacto no resuelve problemas, sino que los intensifica, posicionando al PNV como socio exigente que amenaza con retirar apoyo. Mientras el nacionalismo vasco defiende el Estatuto, voces conservadoras lo ven como amenaza a la Constitución, priorizando unidad sobre privilegios regionales.
