Acciona, el coloso de la construcción liderado por la familia Entrecanales, ha confesado ante Hacienda pagos por 677.584 euros a una empresa ligada a Santos Cerdán, exsecretario de Organización socialista, sin poder demostrar los servicios prestados. Esta admisión no es un error contable aislado, sino un síntoma de un sistema donde las adjudicaciones públicas parecen moneda de cambio para favores políticos. Mientras la izquierda predica transparencia, casos como este cuestionan si el poder se usa para enriquecer a los suyos, erosionando la meritocracia que defiende la derecha. ¿Es hora de debatir reformas que blinden los contratos públicos contra estas prácticas?
Los hechos: pagos dudosos y facturas fantasma
Acciona presentó autoliquidaciones complementarias el 18 de diciembre de 2025 para regularizar impuestos de Sociedades e IVA de 2021-2024. En ellas, reconoce que las 48 facturas emitidas por Servinabar 2000 SL –de la que Cerdán ostenta el 45% según una escritura privada– corresponden a «servicios cuya materialización no ha podido ser constatada y sobre los que existen dudas fundadas sobre la autenticidad de su soporte documental». Estas facturas se distribuyen en 7 en 2021, 11 en 2022, 14 en 2023 y 16 en 2024, vinculadas a obras como la carretera Arrúbal-Navarrete en La Rioja y viviendas en Navarra.
La inspección de Hacienda, iniciada en marzo de 2025, detectó estos pagos tras revisar prensa y bases judiciales, remitiendo informes al Tribunal Supremo, que suspendió las actuaciones por prioridad penal. Fuentes como El Plural confirman que Acciona transfirió más de 600.000 euros por trabajos no realizados, contradiciendo la tesis judicial de que estos eran encubrimientos para comisiones ilegales. «Acciona ha admitido a la Agencia Tributaria que pagó 677.000 euros a la empresa de Santos Cerdán en hasta 48 facturas distintas por trabajos que no puede acreditar», detalla El Confidencial.
El contexto del Caso Koldo: una red de influencias
Este escándalo se enmarca en el caso Koldo, donde la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga mordidas por adjudicaciones públicas. La UCO sospecha que Servinabar canalizó comisiones del 2% en contratos amaños, implicando a figuras como José Luis Ábalos y Koldo García, ambos en prisión. Informes revelan que Acciona generó 6,7 millones en ingresos para Servinabar, representando el 75% de sus ganancias, con pagos que beneficiaron al entorno de Cerdán, incluyendo 367.290 euros transferidos a la cooperativa Erkolan, donde trabajaba su hermana.
La Voz de Galicia destaca «pagos encubiertos» de Acciona a Cerdán, Ábalos y Koldo, con el Supremo imputando a tres exdirectivos. «La relación mercantil con Acciona generó un importante beneficio para la compañía vinculada al ex secretario de Organización del PSOE», cita El Periódico. Además, La Razón revela que Hacienda rastreó en secreto vínculos, confirmando transferencias de dos millones a Servinabar.
¿Transparencia o partidismo?
Se necesitan auditorías independientes en contratos públicos para fomentar competencia leal, mientras la izquierda califica estas revelaciones como ataques partidistas. Pero los hechos son tozudos: reuniones en los aledaños de la sede del PSOE en Ferraz y gastos de 33.000 euros con una tarjeta de Servinabar por la esposa de Cerdán sugieren un patrón sistémico. ¿Por qué Acciona solo regulariza ahora? El escrutinio judicial obliga a actuar, pero no elimina sospechas de sobornos. Como argumenta Infobae, el Supremo autoriza rastrear cuentas de exdirectivos para seguir el dinero, exponiendo posibles comisiones.
Cerdán niega todo, pero su defensa choca con evidencias. Acciona matiza que no reconoce definitivamente la no prestación de servicios, sino que informa por la investigación en curso. Esto invita a debatir: ¿deben las grandes empresas con vínculos políticos someterse a escrutinio mayor para evitar abusos?
