La condena al candidato de Más Madrid por presuntos delitos sexuales graves contra menores vuelve a poner en evidencia los riesgos de ciertas formaciones de izquierda cuando priorizan ideología sobre seguridad. Enrique Antonio Salazar, quien ocupó el primer puesto en la candidatura de Más Madrid-Verdes Equo para las elecciones municipales de 2023 en Villanueva de la Cañada, ha sido sentenciado a diez años y seis meses de prisión por presunta agresión y abusos sexuales continuados a cuatro alumnas.
«La joven desarrolló un trastorno adaptativo con ansiedad, depresión y rasgos de personalidad no especificados», según detalles de la sentencia. Uno de los casos más dramáticos involucra a Minerva Nieto Palacios, quien denunció la violación a los 15 años y se quitó la vida a los 21, antes de conocer el fallo definitivo. Este caso no es un incidente aislado, sino un síntoma de una izquierda que, en su afán por controlar instituciones educativas y políticas, parece ignorar los peligros reales para los más vulnerables.
Los hechos probados en la Audiencia Provincial de Madrid
La sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid dictó sentencia el 13 de mayo de 2026 contra Salazar por conductas ocurridas durante el curso 2019-2020 en el IES Sapere Aude de Villanueva del Pardillo. Nueve años corresponden al delito continuado de agresión sexual con penetración sobre una adolescente menor de 16 años. Un año y seis meses se imponen por abuso sexual reiterado contra otra alumna, mientras que para las dos restantes se aplicaron multas de catorce meses sin ingreso en prisión.
Los episodios comenzaron con comentarios inapropiados y escalaron a tocamientos y penetración. En uno de los hechos más graves, el 13 de diciembre de 2019, Salazar presuntamente cerró con llave el aula, besó con lengua a la víctima, la sentó sobre su pierna y la penetraría vaginalmente hasta que ella pidió que parara. Días después, le envió un mensaje fingiendo preocupación por su ausencia.
Estas acciones no fueron improvisadas: el condenado arrastraba antecedentes extinguidos por abuso a una menor de 13 años. La víctima principal sufrió ocho ingresos psiquiátricos en 2020 y abandonó el centro educativo. Su familia recibirá 50.000 euros de indemnización por daños morales; las otras víctimas, cantidades menores. Además, se le imponen 13 años de inhabilitación absoluta para actividades con menores, 17 años de libertad vigilada y prohibición de aproximarse a las afectadas.
Este tipo de sentencias, aunque necesarias, llegan tarde y dejan secuelas irreversibles, como el suicidio de Minerva. Es un fracaso del sistema que la izquierda defiende, donde la protección real de menores se supedita a agendas políticas.
El ascenso político del candidato de Más Madrid
Sorprendentemente, a pesar de los hechos investigados, Salazar figuró como número uno en la lista de Más Madrid-Verdes Equo para Villanueva de la Cañada en las municipales de 2023, según el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Fuentes de la formación liderada por Mónica García afirman que retiraron su candidatura al conocer los hechos, pero el daño a la imagen pública ya estaba hecho.
«Lo retiramos de inmediato», aseguran desde el partido. Sin embargo, esta explicación resulta insuficiente para una formación que se presenta como defensora de derechos y progresismo. ¿Cómo un individuo con antecedentes y denuncias en curso llegó a encabezar una candidatura? Esto cuestiona los mecanismos de selección de Más Madrid y su afinidad con políticas que, en nombre de la «inclusión», descuidan la vigilancia en entornos sensibles como la educación.
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Implicaciones para la izquierda y la protección de menores
La condena al candidato de Más Madrid no solo condena a un individuo, sino que expone fallos estructurales. Mientras partidos como PSOE y Más Madrid promueven agendas que a menudo minimizan la responsabilidad penal en favor de enfoques «rehabilitadores», casos como este demuestran que la firmeza es indispensable. Salazar incluso continuaba entrenando baloncesto con menores tras los hechos, según informes.
Este escándalo invita a confrontar ideas: ¿por qué persisten abusos en instituciones bajo influencia progresista? Otras fuentes confirman patrones similares en entornos educativos controlados por la izquierda, donde la burocracia retrasa justicia para las víctimas. La tragedia de Minerva, con sus recuerdos insoportables y cambio de nombre, ilustra el costo humano de estos retrasos.
La sociedad necesita reformas que endurezcan condenas, agilicen procesos y veten a condenados de cargos públicos. La impunidad percibida solo genera más víctimas.
La protección de menores no puede ser negociable ante ideologías que anteponen el relato al rigor.
Esta sentencia revela no solo la culpabilidad de Salazar, sino las grietas en un modelo político que, bajo siglas como Más Madrid, permite que depredadores accedan a posiciones de influencia.
