El Tribunal Supremo ha vuelto a demostrar que, bajo este Gobierno de izquierdas, la impunidad parece blindada para sus ministros. En una decisión que indigna a cualquier español que valore la vida de los agentes de la Guardia Civil, el alto tribunal ha inadmitido a trámite la querella presentada contra Fernando Grande-Marlaska por la muerte de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz), arrollados por una narcolancha en febrero de 2024.
«Resulta evidente que la querella carece de base fáctica y jurídica que justifique su encaje penal», sentencia el Supremo en su auto, según publican los medios. El tribunal argumenta que «en el derecho penal español no existe la responsabilidad penal por el desempeño de un cargo» y que las decisiones ministeriales son «discrecionales», por lo que no pueden derivar en delito solo por considerarse «no las más adecuadas».
Esta resolución cierra la puerta a investigar al ministro por supuestos delitos como prevaricación, obstrucción a la justicia u homicidio imprudente, pese a las graves acusaciones de falta de medios, negligencia en la lucha contra el narco y hasta obstrucción probatoria denunciadas por fuentes europeas y asociaciones de agentes. Recordemos que el Parlamento Europeo ya acusó a Interior de «eliminar pruebas» al mover la zodiac siniestrada antes de inspecciones (como reportó El Confidencial en noviembre 2025).
La Abogacía del Estado: ¿defensa del Estado o del Gobierno?
Pero el colmo llega con la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia pero alineada con el Ejecutivo. Tras días de críticas por su ausencia en la causa penal contra los narcos asesinos —donde no ejerció acusación, dejando solos a familias y asociaciones como JUCIL y AUGC—, ahora solicita personarse… ¡solo por los daños ocasionados a la Zodiac!
Tal como denuncia OKDiario, esta petición llega el día después de que el medio revelara su escandalosa incomparecencia inicial. En lugar de personarse para exigir justicia por las vidas segadas, el Estado prioriza reclamar indemnización por una embarcación destrozada. ¿Dónde queda el respaldo a los agentes que dan la vida por España? Esta maniobra huele a maniobra de distracción: proteger al ministro mientras se ignora el dolor de las familias.
Un patrón de abandono y cinismo
Este caso no es aislado. El Gobierno de Sánchez y Marlaska se han dedicado a desmantelar unidades antidroga clave, por la falta de medios en el Campo de Gibraltar y por una política blanda con el narco que ha costado vidas. El Supremo, al archivar la querella, legitima la dejadez que permitió que dos guardias salieran en una zodiac vulnerable frente a potentes narcolanchas.
Las familias y compañeros exigen respuestas, no excusas jurídicas. Mientras el piloto de la narcolancha enfrenta juicio (con peticiones de hasta 119 años), el responsable político sale indemne. Es hora de preguntarse: ¿hasta cuándo el Estado protegerá a sus ministros en vez de a quienes lo defienden?
El PP y PSOE callan o justifican este narco-Estado consentido. La tragedia de Barbate no fue un accidente: fue el resultado de políticas fallidas. Y el Supremo, con esta decisión, contribuye a perpetuarla.
