En un golpe maestro que desmonta las narrativas victimistas del Gobierno socialista, el juez Juan Carlos Peinado ha elevado el caso de Begoña Gómez a juicio por malversación de caudales públicos, proponiendo que sea un jurado popular quien dicte sentencia. ¿Acaso no es esto el fin definitivo de las excusas sobre ‘lawfare’? Con un tribunal compuesto por ciudadanos comunes, lejos de cualquier supuesta manipulación judicial, el PSOE ya no puede alegar conspiraciones derechistas para proteger a la esposa del presidente Pedro Sánchez. Fuentes expertas confirman que estos procesos suelen culminar en condenas, con estadísticas que rondan el 90% de veredictos culpables, lo que pinta un panorama sombrío para Gómez. Pero el debate surge: ¿por qué el Ejecutivo sigue minimizando un delito que implica el mal uso de fondos públicos, mientras presume de transparencia?
Los hechos son claros y demoledores: Peinado ha citado a Gómez, junto a la asesora de Moncloa Ana Rosa Martín Aguirre y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Javier Álvarez, para este sábado 27 de septiembre a las 18:00 horas. Esta comparecencia, obligatoria según la Ley del Jurado, no es más que un trámite para informarles de los delitos investigados y concretar los hechos –nada que exija una declaración exhaustiva, pero sí presencia ineludible. Elegir un sábado por la tarde no es casualidad: evita cualquier justificación laboral o personal para no acudir, forzando a los implicados a enfrentar la realidad sin escapatorias. Críticos como el portal The Objective lo ven como una medida astuta para neutralizar dilaciones, recordando que «los jueces consideran que la decisión de Peinado busca desactivar los ataques del Gobierno por ‘lawfare'». ¿No revela esto la debilidad de una defensa que ha evitado declarar voluntariamente en fases previas?
Precisamente, la cobardía de Begoña Gómez al no declarar en instancias anteriores equivale, en la práctica, a una admisión tácita de las acusaciones. Al rehuir el testimonio, no solo prolonga la incertidumbre, sino que alimenta sospechas de culpabilidad en un caso que involucra presuntas irregularidades en contratos públicos y malversación. Expertos consultados por El Confidencial advierten: «Si hay condena, será mínima, pero los jurados son imprevisibles y suelen inclinarse por la severidad en delitos contra el erario público». Este sábado representa una oportunidad para aclarar posiciones, pero ¿aprovechará Gómez la ocasión o persistirá en su silencio estratégico? El debate ideológico es inevitable: mientras la izquierda clama por privacidad, la derecha exige accountability, cuestionando si el poder ejecutivo puede blindar a sus allegados de la justicia ordinaria.
No contentos con el avance judicial, el juez Peinado ha dejado las cosas meridianamente claras al demandar rectificaciones públicas a los ministros Fernando Grande-Marlaska y Óscar Puente. Ambos han sido emplazados por acusaciones de prevaricación que rayan en lo injurioso, exigiendo una retractación inmediata para evitar demandas por calumnias e injurias. Según informes de Vozpópuli, «Peinado demanda a Marlaska y Puente por cuestionar su labor judicial y exige una rectificación pública». Esta acción no solo defiende el honor del magistrado, sino que expone la hipocresía gubernamental: ¿Cómo pueden ministros atacar a un juez mientras defienden la independencia judicial en otros contextos?. Al final, este episodio no solo pone en jaque la credibilidad de Sánchez, sino que cuestiona si España puede permitirse un Ejecutivo que prioriza el blindaje familiar sobre la integridad institucional.
