El Tribunal de Apelación de París ha reducido drásticamente la acusación contra Marine Le Pen por presunta financiación ilícita. Esta decisión, tomada ayer 15 de enero, elimina cerca del 30% de los contratos de asistentes parlamentarios involucrados en el caso. Para la líder de la Agrupación Nacional (RN), esto no es solo un avance legal, sino un golpe contra los intentos de deslegitimar a la derecha soberanista de cara a las elecciones presidenciales de 2027.
Recordemos los hechos clave. En marzo de 2025, Le Pen fue condenada en primera instancia a cuatro años de prisión (dos suspendidos), una multa de 100.000 euros y cinco años de inhabilitación para cargos públicos. La acusación alegaba desvío de fondos del Parlamento Europeo para pagar a empleados de su partido entre 2004 y 2016. Sin embargo, esta reducción actual desmonta parte de la narrativa de corrupción masiva, exponiendo posibles motivaciones políticas detrás del proceso.
Le Pen ha ajustado su defensa en esta apelación, reconociendo posibles incumplimientos inadvertidos, pero negando cualquier intención dolosa. En la audiencia inicial, declaró: «Si se ha cometido un delito… que así sea, pero quiero que el tribunal sepa que nunca sentimos que hubiéramos cometido ni la más mínima infracción». Esta cita, refleja un cambio táctico que podría llevar a una sentencia más favorable y levantar la inhabilitación preventiva.
Por otro lado, medios de izquierda minimizan el impacto, insistiendo en que el juicio continúa hasta febrero, con veredicto final en verano. Pero esto ignora el debate central: ¿Existe un doble rasero en la justicia francesa? Mientras Le Pen enfrenta escrutinio intenso, casos similares en campañas progresistas parecen pasar desapercibidos. Comparémoslo con Nicolas Sarkozy, condenado por financiación ilícita en 2011, cuya inhabilitación no frenó su influencia posterior.
Este fallo abre un debate: ¿Es la justicia un arma del europeísmo para marginar voces disidentes? Le Pen defiende la soberanía nacional y critica el multiculturalismo impuesto, amenazando el statu quo. Si la apelación elimina la inhabilitación –o la reduce a dos años–, podría impulsarla al Elíseo, transformando Europa.
Este episodio trasciende las finanzas; es sobre el futuro de la derecha europea. Mientras la izquierda exige ‘justicia’, el sistema parece sesgado contra defensores de la identidad nacional. Le Pen gana momentum con esta reducción.
