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En primer lugar nuestra consternación por la situación en la que se está viendo inmersa la imagen de la Guardia Civil y la pérdida de prestigio y confianza que ésto puede generar en la ciudadanía.
Que, sin perjuicio de la presunción de inocencia, que respetamos, es incompatible la imputación judicial por cualquier delito con la permanencia en el cargo de Directora General de la Guardia Civil y de Director Adjunto Operativo.
El Artículo 92 de la Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil establece que el procesamiento, inculpación o investigación por un delito puede derivar en una suspensión, y así le ocurre a todos los guardias civiles que son imputados incluso por actuaciones en acto de servicio. Además, a quienes están incursos en una causa penal o expediente disciplinario, el artículo 66 de la misma Ley, permite que se les aparte de los procesos de ascenso.
No son pocos los miembros de la Guardia Civil, que han sido apartados de sus funciones, o son suspendidos sus procesos de ascenso, de condecoraciones, etc., por estas autoridades, al estar incursos en procedimientos penales o disciplinarios, pese a no existir sentencia condenatoria. No podemos entender que quienes aplican esos criterios sean inmunes a ellos cuando les afectan.
Dada la gravedad de los hechos, y sin perjuicio del respeto a la presunción de inocencia, tanto directora general como el DAO deberían presentar su dimisión o ser apartados, en coherencia con los mismos principios y criterios que estas autoridades vienen aplicando a los guardias civiles bajo su mando.
Madrid, 2 de julio de 2026
Un inédito apagón informático paraliza la Guardia Civil el mismo día en que imputan a su directora por corrupción. Los agentes exigen respuestas.
