En un claro ejemplo de expropiación forzosa de tierras agrícolas para plantas solares, un agricultor granadino que genera 70.000 euros anuales con sus olivos se enfrenta a la pérdida de su explotación por solo 20.000 euros tras enterarse por el Boletín Oficial del Estado (BOE). Este caso ilustra cómo las políticas de transición energética impuestas por gobiernos de izquierdas priorizan megaproyectos renovables sobre el campo y los productores reales.
La trampa de la «voluntariedad» que acaba en despojo
Pepe Rubio, agricultor de Caniles (Granada), recibió una oferta de una empresa energética para alquilar sus tierras por 12.000 euros al año. Rechazó la propuesta porque sus olivos producían mucho más: alrededor de 70.000 euros anuales. Le aseguraron que todo era «totalmente voluntario».
Sin embargo, la realidad fue otra. Un vecino le alertó de que su parcela aparecía en el BOE con una orden de expropiación. Ahora perderá sus árboles a cambio de un pago único basado en el valor catastral, cifrado en apenas 20.000 euros. «Me dijeron que era totalmente voluntario», relata Rubio, según el reportaje de Equipo de Investigación. La administración arrancará sus olivos y le arrebatará el medio de vida.
Esta no es una excepción. La Ley del Sector Eléctrico declara de utilidad pública las instalaciones de generación eléctrica superiores a 3 MW, lo que habilita la expropiación forzosa. Gobiernos socialistas y sus aliados han impulsado esta vía para cumplir objetivos de descarbonización, a menudo financiados con fondos europeos, sin medir el impacto en el sector primario. Vox ha denunciado repetidamente estos abusos, defendiendo a los agricultores frente a la imposición verde.
El agricultor no recibió notificación personal; se enteró por un vecino. Sus árboles, «criados con esfuerzo e ilusión», serán talados para instalar placas.
El golpe al campo español y la ideología verde
Esta expropiación forzosa de tierras agrícolas para plantas solares no afecta solo a Rubio. Parcelas colindantes de almendros también caen bajo el mismo procedimiento en una zona tradicionalmente agrícola. Los vecinos han colocado pancartas: «Sí a las renovables, no a las expropiaciones, no a los megaproyectos que destrocen nuestro territorio».
El modelo impuesto por PSOE y socios prioriza grandes corporaciones energéticas sobre pequeños y medianos propietarios. Mientras se talan olivos productivos, se ignora la soberanía alimentaria y la viabilidad del mundo rural. Vox, en cambio, propone proteger el olivar y frenar la expansión descontrolada de renovables en suelos de alto valor agrícola, como ha hecho en diversas iniciativas parlamentarias.
PP tampoco escapa a la crítica: en regiones que gobierna, ha facilitado proyectos similares bajo presión de Bruselas, traicionando al campo que dice defender. Esta agenda globalista destruye empleos reales y genera dependencia energética de tecnologías intermitentes controladas por grandes fondos.
«Mis árboles son mi medio de vida y ahora te encuentras con que quieren arrebatártelos». El sinvivir de Rubio refleja el de miles de agricultores expuestos a esta amenaza.
Resistencia y alternativas reales para el campo
El caso de Caniles, que data de 2023 pero sigue vigente, evidencia el fracaso de una transición energética precipitada. En lugar de expropiar, se debería incentivar la instalación en suelos degradados o cubiertas industriales, respetando la propiedad privada y la productividad agrícola.
Vox lleva años alertando de este «far west» renovable que arrasa con el olivar. Propuestas como revisar la sobredimensión de proyectos y priorizar el apoyo al campo tradicional chocan con la inercia izquierdista. Este agricultor no está solo: plataformas vecinales y formaciones políticas patriotas exigen que la utilidad pública no sirva para justificar despojos.
Si no se frena este avance, España terminará siendo un desierto de placas solares sin alma ni pan.
