Aunque formalmente el tratado se firma entre la Unión Europea y el Reino Unido, la participación de España ha sido absolutamente fundamental. Desde el inicio del proceso del Brexit, Bruselas otorgó a Madrid un derecho de veto: ningún acuerdo sobre Gibraltar podía cerrarse sin el consentimiento previo del Gobierno español.
Las negociaciones se desarrollaron a varias bandas, con la participación directa de España, el Reino Unido, la Comisión Europea y el propio Gobierno de Gibraltar. Figuras como José Manuel Albares, David Lammy, Maroš Šefčovič y Fabian Picardo formaron parte de un proceso largo y técnicamente complejo.
España no solo participó, sino que fue el principal arquitecto de muchos elementos del acuerdo. El concepto de zona de prosperidad compartida responde a una prioridad española: evitar el colapso económico del Campo de Gibraltar y garantizar estabilidad a una región altamente dependiente del Peñón.
Uno de los mayores beneficios para España es la seguridad jurídica de los cerca de 15.000 trabajadores, en su mayoría españoles, que cruzan a diario a Gibraltar. La eliminación de los controles físicos elimina colas, retrasos y situaciones de incertidumbre que se agravaron tras el Brexit.
El acuerdo también supone un avance importante en materia fiscal y aduanera. Por primera vez se establecen mecanismos claros para combatir el contrabando de tabaco y la evasión fiscal. La subida progresiva de precios y el intercambio de información tributaria refuerzan la capacidad de la Hacienda española para luchar contra el fraude.
Otro punto clave es el posible uso conjunto del aeropuerto de Gibraltar. Esta medida podría abrir vuelos directos a destinos de la UE y beneficiar al turismo y la conectividad de toda la provincia de Cádiz.
Sin embargo, el acuerdo ha generado fuertes críticas políticas. Vox lo ha calificado de rendición total y rechaza cualquier pacto que no incluya la reintegración completa de Gibraltar. El Partido Popular, por su parte, acusa al Gobierno de haber renunciado a defender la soberanía española.
También existe polémica por el papel de Frontex ya que delegar los controles fronterizos en una agencia europea supone una cesión de competencias que deberían ejercer directamente la Policía Nacional o la Guardia Civil.
A pesar de estas críticas, muchos analistas coinciden en que el acuerdo es la mejor solución posible en el contexto del Brexit. No resuelve el conflicto histórico, pero protege los intereses económicos, laborales y fiscales de España en una zona especialmente sensible.
