La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado este jueves lo que considera una «amenaza» del Gobierno de Pedro Sánchez para «imponer de manera coercitiva» el reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas. La tensión entre ambas administraciones escala con el anuncio de un nuevo recurso de la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Supremo contra la distribución de los jóvenes.
Las declaraciones de Ayuso surgen como respuesta directa a las palabras del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, quien aseguró que el Ejecutivo central velará por el cumplimiento de la ley «sin excepciones» en la acogida de los menores. Para la presidenta madrileña, esta postura es una confirmación de que se busca una distribución «sin un proceso adecuado ni diálogo».
«Se nos amenaza con imponer por la fuerza un reparto de inmigrantes sin procesos ni diálogo, y sin poner los medios que exige la ley», ha criticado con dureza la presidenta regional.
Desde el gobierno madrileño se argumenta que la decisión del Ejecutivo central se ha tomado de forma unilateral, sin la debida conversación con las autonomías y sin asignar los recursos económicos y materiales necesarios para garantizar una acogida digna. Este será el tercer recurso que la Comunidad de Madrid presenta ante el alto tribunal por esta cuestión, insistiendo en que la política migratoria del Gobierno «aboca a desigualdades» y vulnera competencias autonómicas.
Ayuso enmarcó esta acción en una crítica más amplia a la gestión del presidente del Gobierno, afirmando que esta «imposición» proviene del mismo Ejecutivo que, según sus palabras, «expulsa a la Guardia Civil de varias regiones, permite que los independentistas ignoren las sentencias, indulta a golpistas y malversadores, se acerca a etarras y permite que se les rinda homenaje, libera a violadores y carece de una política migratoria efectiva.»
Por su parte, el Gobierno central, a través de ministros como Jordi Hereu y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, defiende que el reparto es una medida de «solidaridad» y de «derechos humanos», necesaria para aliviar la presión insostenible que sufren Canarias, Ceuta y Melilla. El Real Decreto, aprobado recientemente, establece los criterios de distribución basados en la población, la renta o la tasa de paro, y activa un fondo de 100 millones de euros para financiar los traslados y la atención inicial de los menores. Con la norma ya en vigor, los traslados podrían comenzar de forma inminente, abriendo uno de los frentes políticos y sociales más tensos del inicio del curso político.
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